La exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, defendió este martes 21 de julio de 2026 su actuación durante la crisis eléctrica de Ecuador. Además, rechazó las acusaciones planteadas en el juicio político impulsado por la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) en la Asamblea Nacional.
La exfuncionaria afirmó que las pruebas presentadas durante el proceso no demostraron incumplimiento de funciones. Tampoco responsabilidad política relacionada con la contratación de la empresa Austral Technical Management (ATM).
La comparecencia de Inés Manzano se realizó de manera virtual ante la Comisión de Fiscalización, durante la última jornada de la fase de práctica de pruebas. Tras esta etapa, la comisión deberá elaborar un informe de recomendación que será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional para continuar con el trámite correspondiente.
Defensa ante la Asamblea y cuestionamientos al juicio político
Durante su intervención, que tuvo una duración de 15 minutos, Inés Manzano sostuvo que el juicio político debe determinar si una autoridad incumplió competencias establecidas en la Constitución y la ley. Según explicó, los legisladores acusadores no identificaron una obligación jurídica específica que ella haya dejado de cumplir mientras estuvo al frente del Ministerio de Energía.
La exministra señaló que asumió el cargo por pedido del presidente Daniel Noboa para enfrentar una crisis eléctrica que calificó como una de las más graves registradas en el país. Indicó que recibió un sistema con un déficit cercano a los 1.800 megavatios, una sequía histórica y problemas acumulados por la falta de ejecución de planes de expansión eléctrica.
Crisis energética y responsabilidad de gobiernos anteriores
Inés Manzano afirmó que su gestión estuvo enfocada en responder a una emergencia nacional y no en administrar un escenario de normalidad. Además, señaló que las dificultades del sistema eléctrico se originaron por decisiones tomadas durante varios gobiernos anteriores.
La exfuncionaria aseguró que el Plan Maestro de Electricidad no se ejecutó durante las administraciones de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, situación que, según su versión, redujo la capacidad del país para enfrentar la emergencia energética.
Memorándum de emergencia y competencias legales
Uno de los puntos centrales del juicio político está relacionado con un memorándum emitido durante la emergencia eléctrica de abril de 2024. Sobre este documento, Inés Manzano indicó que tuvo un carácter temporal y que estuvo destinado a regular procedimientos de contratación pública mientras permaneció vigente la declaratoria de emergencia.
Añadió que el memorándum perdió efecto al finalizar ese régimen excepcional y posteriormente fue dejado sin vigencia mediante una circular emitida en agosto de 2025. Según sostuvo, ese documento no podía convertirse en una obligación permanente ni modificar las competencias establecidas por la ley.
Contrato con ATM y estrategia jurídica
Respecto al contrato con Austral Technical Management (ATM), Inés Manzano negó haber favorecido a la empresa y aseguró que durante su gestión se aplicaron acciones legales para proteger los intereses del Estado.
La exministra explicó que se impusieron multas, se iniciaron procedimientos para determinar incumplimientos y se avanzó con acciones relacionadas con la terminación contractual. Según señaló, estas medidas provocaron que la empresa acudiera a un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Quito.
Defensa cuestiona pruebas presentadas por acusadores
El abogado Ismael Quintana, parte de la defensa de Inés Manzano, sostuvo que las pruebas presentadas por los legisladores acusadores no demostraron responsabilidad política contra la exfuncionaria.
Además, cuestionó que parte de la documentación presentada durante la fase de pruebas estuviera relacionada con el caso Progen, pese a que el juicio político fue planteado por las actuaciones vinculadas con ATM. Por estos argumentos, la defensa solicitó que la Comisión de Fiscalización recomiende el archivo del proceso.
Correísmo mantiene acusaciones contra la exministra
Antes de la intervención de Inés Manzano, los legisladores que impulsan el juicio político presentaron sus alegatos finales. Los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna insistieron en sus cuestionamientos a la gestión de la exministra.
🛑 #URGENTE
— Mónica Palacios (@MoniPalaciosZ) July 22, 2026
Lo advertimos y hoy se confirma: desde Carondelet se habría dado la orden de salvar a Inés Manzano.
Por primera vez durante este juicio político, Manzano dio la cara, pero no respondió por los USD 71 millones pagados a Austral Technical Management, por un contrato... pic.twitter.com/0q8avq2oLh
Barreto afirmó que el Gobierno contrató equipos deficientes durante la crisis energética y señaló que los apagones registrados en ese periodo generaron afectaciones económicas para el país. Según sus declaraciones, los cortes de energía llegaron a extenderse por varias horas diarias.
Cuestionamientos por pagos y supervisión contractual
Blasco Luna señaló que a Manzano le correspondía supervisar los contratos relacionados con el sector eléctrico y cuestionó los desembolsos realizados a favor de ATM durante su administración.
#NoboaPerdióElAño
— blasco luna (@blascoluna) July 21, 2026
Noboa habla de soberanía energética, pero gobernó con barcazas, contratos de emergencia y soluciones temporales. Mientras tanto, los casos #PROGEN y #ATM siguen rodeados de graves cuestionamientos y falta de respuestas.
Eso no es planificación: es administrar... pic.twitter.com/GGgoNC4eiZ
Los legisladores acusadores sostienen que la exministra debía responder políticamente por las decisiones adoptadas durante la emergencia eléctrica, mientras que la defensa argumenta que no existe una relación directa entre sus acciones y un perjuicio al Estado.
Comisión de Fiscalización prepara nuevo informe
Con el cierre de la fase de pruebas, la Comisión de Fiscalización iniciará la elaboración del informe que determinará si recomienda continuar con el juicio político ante el Pleno de la Asamblea Nacional o solicitar el archivo del proceso.
Manzano reiteró durante su comparecencia que actuó dentro del marco constitucional y legal. La exministra sostuvo que las responsabilidades políticas deben demostrarse mediante pruebas y no únicamente mediante acusaciones.
El proceso continuará con la decisión que adopte la Comisión de Fiscalización, antes de que el caso llegue al Pleno legislativo para su análisis y resolución.
