El panorama judicial de Ecuador se sacudió este miércoles 11 de febrero cuando el magistrado Jairo García dictó prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La decisión se produjo durante la audiencia de formulación de cargos por el denominado caso Goleada, donde se investiga una estructura de presunta delincuencia organizada. Según la tesis fiscal, el funcionario guayaquileño lideraría un entramado societario complejo que se dedicaba a la comercialización irregular de combustibles y al lavado de activos.
Cuestionan el pasado del juez
La polémica estalló tras el pronunciamiento, pues se recordó que el juez García es uno de los implicados principales dentro del escandaloso proceso judicial denominado caso Fachada. Esta investigación fiscal analiza una supuesta red de corrupción para liberar a familiares de cabecillas del grupo criminal colombiano conocido como Los Comandos de la Frontera.
El abogado Mauricio Alarcón-Salvador calificó este escenario como un chiste de mal gusto, al ver a un juez investigado por corrupción juzgando otros posibles delitos.
"O sea que un juez investigado por corrupción sigue ejerciendo y conocerá un caso de corrupción", cuestionó Alarcón-Salvador al describir la realidad nacional actual.
El magistrado que ordenó la prisión
En los allanamientos del caso Fachada, en el que uno de los involucrados fue el juez Jairo García, se encontraron, según informó en su momento la Fiscalía, supuestos indicios de tráfico de influencias y colaboración delictiva con grupos armados.
Además, la Fiscalía General del Estado halló dispositivos electrónicos que, según las investigaciones de la época del operativo, presuntamente vincularían al magistrado con abogados defensores de peligrosas organizaciones criminales transnacionales. Aunque el Consejo de la Judicatura lo suspendió temporalmente por 90 días en el 2025, el funcionario fue restituido en su cargo mediante una resolución. Hay que decir, que sobre García, tal como establece la Constitución, se presume la inocencia, hasta que un juez, determine lo contrario.
El correísmo dice que resulta paradójico que un servidor judicial con este nivel de sospechas sea el encargado de evaluar riesgos procesales y determinar la libertad de un opositor como Aquiles Álvarez.
Observación sobre transparencia
Pero eso no es todo. La periodista Sara Ortiz alertó que este magistrado dispuso que la diligencia contra el alcalde Álvarez se realizara sin acceso a la prensa. La comunicadora contó que el proceso se realizó sin presencia de la prensa y sin transmisión por Zoom por orden del juez.
Según la comunicadora "a esto se suma que los partes policiales y la petición fiscal no han sido cargados en el SATJE", es decir, en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, una plataforma digital del Consejo de la Judicatura de Ecuador que gestiona y automatiza los procesos judiciales en el país.
A la periodista le llamó la atención que se manejara de esta forma un caso tan importante porque hasta ahora "la cobertura periodística queda restringida a versiones fragmentadas provenientes de la Policía, la Fiscalía o los abogados, sin acceso directo a los documentos ni a lo ocurrido en audiencia".
El juez resuelve prisión
A pesar de los cuestionamientos, el juez acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado para recluir al funcionario en la cárcel 4 de Quito. La medida cautelar de prisión preventiva también alcanzó a sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, además del congelamiento total de todas sus cuentas bancarias personales.
El abogado Ramiro García, quien representa al alcalde y sus hermanos, cuestionó la decisión judicial. "Sin ningún análisis individualizado del riesgo de fuga o de interferencia con las investigaciones en el proceso, el juez Jairo García dicta prisión preventiva en contra de todos los procesados en el caso Goleada. Se utiliza a la prisión preventiva como forma de pena anticipada", denunció el jurista.
García agregó que "hemos presentado oralmente el recurso de apelación a la medida de prisión preventiva, dictada contra mis defendidos".
El proceso legal continuará
Aquiles Álvarez, quien llegó al Sillón de Olmedo con el apoyo de la Revolución Ciudadana, es una de las voces críticas contra Daniel Noboa. El correísmo sostiene que la detención del alcalde responde a una estrategia para neutralizar a los adversarios políticos mediante el uso selectivo de la justicia penal. Desde el gobierno y la Fiscalía se asegura que su familia está involucrada en un entramado de venta irregular de combustible y de presunta corrupción.
La Fiscalía insiste en que la detención de once personas en Guayaquil es necesaria para neutralizar posibles riesgos de fuga y asegurar la integridad de la investigación.
El destino del alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez ahora depende de una instrucción fiscal que durará varios meses y la decisión del juez, mientras permanece recluido junto a otros procesados de alto perfil.
