La situación jurídica de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, ha alcanzado un punto crítico durante la audiencia de instrucción fiscal en Quito, luego de que se hiciera público un pormenorizado reporte de monitoreo del dispositivo de vigilancia electrónica. La Fiscalía General del Estado ha utilizado este documento técnico para sustentar que el alcalde y los demás implicados en el caso Goleada no han respetado las medidas de control. Los datos presentados durante la audiencia revelan un patrón de comportamiento que cuestiona la voluntad del procesado de someterse a la vigilancia del sistema judicial ecuatoriano.
El informe de monitoreo DVE-SUP-2026-0019, emitido por el SNAI, detalla que Aquiles Álvarez mantenía el dispositivo instalado desde el 20 de julio de 2025 bajo una modalidad de libre circulación. Sin embargo, el monitoreo constante arrojó un total de 2.769 eventos generados, los cuales evidencian múltiples irregularidades en el uso del aparato. Para los entes de control, este dispositivo no cumplió su función de custodia debido a las constantes desconexiones y alertas de vulneración que ahora sirven como evidencia principal para solicitar la prisión preventiva.
Los registros de alerta en el reporte oficial
Dentro del desglose de eventos, la cifra que más ha impactado a la opinión pública es la referente a la "pulsera quitada", evento que se registró en 33 ocasiones. Según el glosario del reporte, esto ocurre cuando existe un desprendimiento o vulneración del dispositivo, lo que contradice frontalmente la postura de Aquiles Álvarez y su defensa. Estos registros técnicos son fundamentales para demostrar que no se trató de un hecho aislado, sino de una alerta recurrente que sugiere un incumplimiento sistemático de la medida cautelar dispuesta en el ámbito judicial.
Además de los retiros físicos de la pulsera, el reporte señala que el alcalde permaneció en estado "Offline" durante 1.515 ocasiones. Este estado de conexión fallida ocurre cuando el equipo electrónico se encuentra fuera de línea por pérdida de señal celular, lo que interrumpe el sistema de vigilancia de manera drástica. Para los analistas, esta falta de georreferenciación constante impidió que el SNAI tuviera un control real sobre el paradero exacto de Aquiles Álvarez, dificultando el rastreo que exige la ley penal para procesados por delitos graves.
Tipo de AlertaCantidad de EventosPulsera quitada33Offline1.515Batería Baja4Salida Ilegal5Ingreso zona Umbral129
La normativa del SNAI y la prohibición de retiro
El SNAI ha sido enfático a través de sus comunicados oficiales al recordar que los protocolos de seguridad prohíben estrictamente que el usuario manipule el equipo. Al momento de la instalación, Aquiles Álvarez firmó un acta de responsabilidad donde se comprometía a la portación permanente e ininterrumpida del brazalete. Cualquier intento de manipulación indebida o retiro no autorizado es considerado una violación a la legalidad de la medida cautelar impuesta por el juez competente, tal como lo establece el reglamento del sistema de rehabilitación.
La defensa técnica de Aquiles Álvarez ha intentado justificar la ausencia del grillete alegando que el dispositivo se encontraba descargado. No obstante, el reporte de monitoreo muestra que solo existieron 4 alertas de batería baja y apenas 1 de batería baja crítica en todo el periodo evaluado. Esta justificación doméstica se debilita frente al dato técnico de 33 retiros manuales, lo que refuerza la tesis de la defensa social de que el alcalde actuó con negligencia respecto a sus obligaciones legales.
"Los dispositivos de vigilancia electrónica únicamente pueden ser retirados por personal técnico del SNAI, siempre que exista una disposición expresa de la autoridad competente".
Otros eventos registrados y salidas ilegales
El informe también arroja datos sobre los desplazamientos de Aquiles Álvarez, registrando 5 eventos catalogados como "Salida Ilegal". Esto ocurre cuando el usuario se encuentra fuera de los espacios físicos o límites del perímetro territorial determinados por la autoridad judicial en su boleta de excarcelación. Estas alertas de seguridad dispararon protocolos de advertencia en la plataforma del ECU-911, evidenciando que existieron limitaciones de movilidad que fueron ignoradas por el burgomaestre en el ejercicio de su cargo jurisdiccional.
La acumulación de estos eventos, sumada a las recientes declaraciones sobre la trazabilidad económica vinculada a Daniel Salcedo, pone a Aquiles Álvarez en una posición de extrema vulnerabilidad procesal. El pedido de reclusión preventiva parece inminente, dado que la fiscalía argumenta que no se puede confiar en medidas alternativas cuando los procesados han demostrado tal nivel de irrespeto a las medidas tecnológicas. El futuro político del alcalde se decide hoy en las cortes de Ecuador, bajo la sombra de un reporte técnico que parece sentenciar su conducta procesal.
