La Corte Provincial de Guayas ordenó este jueves 11 de septiembre de 2025 el juicio a los exalcaldes de Durán Dalton Narváez y Alexandra Arce, junto a nueve procesados más, por presunto peculado en los contratos del sistema de agua potable El Chobo, en un caso que señala un perjuicio de 40 millones de dólares al Estado ecuatoriano.
Irregularidades en los contratos de agua potable
La Fiscalía General del Estado presentó un dictamen acusatorio en el que sostiene que los contratos, firmados durante las gestiones de Arce (2014-2019) y Narváez (2019-2023), ocasionaron sobrecostos millonarios y dejaron inconclusa la obra.
El proyecto se presupuestó inicialmente en 21,5 millones de dólares, pero terminó con un gasto de 39,9 millones. De ese monto, la empresa Eseico S.A. recibió 31 millones por una infraestructura que no opera.
Los contratos, firmados en 2014 y complementados en 2017, tuvieron anomalías en los estudios técnicos y falta de calificación de oferentes, lo que abrió la puerta a un incremento de costos.
Responsabilidades de los exalcaldes
La Fiscalía acusa a Dalton Narváez de no informar la paralización de la obra en 2019, hecho que declaró recién en 2021. Según el dictamen, esa omisión agravó el daño financiero.
El Banco de Desarrollo del Ecuador exigió al Municipio de Durán la devolución de 23,2 millones de dólares tras la terminación unilateral de los convenios de financiamiento.
Por su parte, Alexandra Arce, también procesada, enfrenta señalamientos por contratos firmados durante su administración, en los que se evidencian estudios desactualizados y procesos sin garantías técnicas.
Procesados y apelaciones en curso
El juez Francisco Morales dictó el llamamiento a juicio contra los exalcaldes, varios exfuncionarios y contratistas. El proceso legal se ha suspendido en múltiples ocasiones por recursos interpuestos.
La Fiscalía apeló oralmente el sobreseimiento de dos procesados, Carlos J. y Fausto M., al argumentar que existen pruebas suficientes para mantenerlos en la causa.
Actualmente, Narváez está detenido tras ser deportado desde Colombia el 8 de enero de 2025, mientras la defensa de Arce solicitó arresto domiciliario por problemas de salud.
Consecuencias y marco legal
La investigación avanza con pericias contables y de construcción que respaldan las acusaciones de perjuicio económico. El caso mantiene en expectativa a Durán, pues la obra inconclusa dejó sin el servicio de agua potable prometido a la población.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que el delito de peculado contempla penas de 10 a 13 años de prisión. La decisión judicial sobre el caso marcará un precedente en el control del uso de fondos públicos en proyectos de infraestructura en el país.
