La Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) sancionó a la cadena TuTi con una multa de 2.300 el 30 de diciembre de 2024 en Rumiñahui, Pichincha, por supuestamente comercializar alimentos de consumo inmediato sin el permiso correspondiente, lo que ha derivado en una disputa legal que cuestiona la interpretación de las normas sanitarias en el país.
Disputa por los permisos de funcionamiento
El proceso inició el 19 de septiembre de 2024, cuando Arcsa abrió un expediente sancionador tras detectar que un local de TuTi en Rumiñahui vendía productos listos para consumo. Según la agencia, el establecimiento debía contar con permisos de funcionamiento, ya que mantenía una categoría de alimentos preparados.
De su lado, TuTi, a través de su abogado David Muirragui, sostiene que el local en disputa no es un centro de consignación ni un depósito, sino un micromercado. Por tanto, argumenta que no está sujeto a la obligación de obtener dicho permiso.
Arcsa señala que ha encontrado problemas similares en otros locales de TuTi ubicados en Chongón, Pifo y San Miguel de Bolívar, lo que evidencia un patrón que, a su criterio, requiere mayor control.
Debate sobre la categoría de micromercados
En su defensa, TuTi argumenta que sus locales cumplen con lo establecido en el Instructivo Descriptivo de Establecimientos Sujetos a Vigilancia y Control Sanitario. La cadena asegura que los productos congelados y refrigerados, como el sánduche napolitano y la pizza de jamón y queso, pueden venderse en micromercados siempre que se usen frigoríficos.
Arcsa insiste en que la clasificación otorgada a ese local no le permite comercializar productos para consumo inmediato. La diferencia de criterios expone vacíos en la interpretación de las normas y ha abierto un debate nacional sobre la definición de actividades económicas.
Para la abogada Verónica Meza Aguirre, experta en asesoría corporativa, esta situación muestra la falta de coordinación entre instituciones como Arcsa y el Registro Único de Contribuyentes (RUC), lo que genera conflictos entre lo registrado, lo autorizado y la operación real de cada local.
Estrategia legal y tiempos procesales
Meza explica que TuTi cometió un error al no presentar en tiempo el recurso administrativo ante Arcsa. En su lugar, interpuso una acción de protección que fue negada al no existir una vulneración constitucional.
La especialista advierte que, aunque los argumentos de TuTi tienen sustento, la falta de cumplimiento con los plazos procesales debilitó su defensa. Esto deja al caso en manos de la apelación, donde se decidirá si la sanción se mantiene.
Arcsa, por su parte, asegura que sus funcionarios están obligados a defender sus criterios en todas las instancias legales.
Posibles impactos en la cadena de descuento
La multa de cinco salarios básicos unificados equivale a 2.300. Aunque su monto es reducido en comparación con el alcance nacional de la cadena, el precedente preocupa. TuTi cuenta con 723 locales en Ecuador y, de confirmarse esta interpretación legal, otras sucursales podrían enfrentar sanciones similares.
Según Meza, para TuTi esta situación podría convertirse en un incentivo para revisar la normativa aplicable a cada local y ajustar sus procesos internos. Para Arcsa, el caso revela la necesidad de estandarizar criterios en las inspecciones y clarificar las reglas de funcionamiento de micromercados.
Por ahora, el proceso sigue en etapa de apelación. El resultado definirá si la sanción se mantiene y si otros locales de TuTi estarán bajo la misma lupa de Arcsa.
