La dirigencia nacional de la organización política Unidad Popular acudió la mañana de este 23 de marzo de 2026 a la matriz del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la ciudad de Quito. El objetivo de esta movilización fue entregar una solicitud formal para que se archive el informe que recomienda la cancelación de la agrupación del registro permanente de organizaciones políticas. Los representantes de este partido calificaron el documento técnico-jurídico como fraudulento, argumentando que no refleja la realidad de su base de adherentes y afiliados a nivel nacional.
Durante su intervención ante los medios de comunicación, los portavoces de Unidad Popular detallaron que el proceso de descalificación ha enfrentado diversos obstáculos dentro del propio pleno del organismo. Según explicaron, durante el pasado fin de semana se intentó aprobar este informe en tres ocasiones distintas, pero no se alcanzaron los votos necesarios para su ratificación. Esta situación se agravó cuando una sesión posterior no pudo instalarse debido a la falta de quórum reglamentario, lo que ha generado un escenario de incertidumbre administrativa sobre el futuro legal de la agrupación política involucrada.
Postura de la dirigencia frente a las sesiones del organismo
Giovanny Atarihuana, quien se desempeña como director nacional de Unidad Popular, señaló que hasta el momento no existe un proceso de cancelación que haya sido iniciado formalmente bajo los protocolos establecidos. El dirigente destacó que el informe cuestionado no solo afecta a su organización, sino que también incluye en sus recomendaciones al movimiento Construye, otra de las fuerzas políticas bajo la lupa del ente rector. Para Atarihuana, las irregularidades detectadas en la elaboración de los argumentos técnicos obligan a las autoridades electorales a reconsiderar la validez de los datos presentados en el texto original.
En sus declaraciones, el representante de Unidad Popular responsabilizó directamente a la función ejecutiva de intentar incidir en las decisiones autónomas del órgano electoral. Afirmó que existiría un interés por parte del primer mandatario en reducir la oferta de candidatos en la papeleta electoral mediante la eliminación de partidos de oposición. Ante este panorama, el dirigente enfatizó que la agrupación se mantendrá en vigilancia permanente hasta que el pleno del CNE tome una resolución definitiva sobre la permanencia o no de su personería jurídica en el país.
Procedimientos legales y descargos administrativos
En caso de que el pleno del CNE decida avanzar con la aprobación del informe, Unidad Popular recordó que el Código de la Democracia establece mecanismos claros de defensa para las organizaciones afectadas. El dirigente explicó que contarán con un plazo de diez días para presentar todos los descargos y pruebas necesarias que desvirtúen las conclusiones del departamento técnico. Para este fin, aseguran contar con una base de datos actualizada y certificada de sus afiliados, la cual será utilizada como el principal recurso jurídico para ratificar su vigencia ante los consejeros electorales.
La estrategia de defensa de Unidad Popular incluye la presentación de pruebas documentales que contradigan los hallazgos del organismo sobre la disminución de su respaldo ciudadano. Atarihuana manifestó que los consejeros deberán analizar detenidamente las pruebas presentadas antes de proceder con una eliminación que consideran injustificada desde el punto de vista del derecho. La agrupación confía en que la razón jurídica prevalecerá durante esta etapa administrativa, permitiéndoles mantener su espacio dentro del registro permanente de partidos y movimientos políticos legalmente constituidos en el territorio ecuatoriano.
El sustento técnico del Consejo Nacional Electoral
Por su parte, el ente rector del sufragio emitió un comunicado oficial el pasado 22 de marzo detallando los fundamentos legales que sustentan los informes contra Unidad Popular. La entidad citó el artículo 327 del Código de la Democracia, específicamente el numeral siete, que trata sobre la disminución de los afiliados o adherentes permanentes. Según el organismo, ambas organizaciones políticas habrían caído por debajo del cincuenta por ciento del número de firmas exigido por la normativa legal para su inscripción y mantenimiento en el registro de organizaciones vigentes.
Frente a esta postura técnica, Natasha Rojas, también integrante de la dirigencia de Unidad Popular, exigió que el organismo brinde explicaciones claras sobre el paradero de miles de sus simpatizantes. La dirigente cuestionó los métodos de verificación utilizados, señalando que el sistema electoral habría eliminado a cerca de ciento setenta mil adherentes de sus registros de forma inexplicable. Rojas insistió en que su organización cumple satisfactoriamente con todos los requisitos de ley y que la cantidad de personas afiliadas es superior a la cifra mínima establecida por los reglamentos vigentes para su funcionamiento.
Acciones ante el Tribunal Contencioso Electoral
Si la resolución administrativa de cancelación llegara a concretarse, el siguiente paso de Unidad Popular será elevar el caso a las instancias de justicia electoral. Los dirigentes confirmaron que acudirán al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para interponer los recursos de apelación que correspondan según la ley. Esta instancia sería la encargada de revisar la legalidad de la actuación del CNE y determinar si se respetaron los derechos de participación de la organización. Consideran que esta es una batalla jurídica fundamental para la democracia interna y la pluralidad de opciones en los próximos procesos comiciales.
La organización política Unidad Popular ha reiterado que no dará por perdido este proceso, asegurando que cuentan con los elementos de convicción suficientes para ganar la controversia. Mientras el pleno del organismo electoral define su posición final, la agrupación continuará realizando acciones de incidencia pública para denunciar lo que califican como un intento de eliminación política. El futuro de la personería jurídica de este partido dependerá de la valoración técnica de los afiliados y de la decisión que tomen las autoridades en las próximas semanas decisivas para el calendario político nacional.
