Dieciocho asambleístas de la bancada Revolución Ciudadana presentaron el 20 de octubre de 2025 , ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , una acción de protección con medidas cautelares por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en la comunidad de San Miguel del Común , parroquia de Calderón, Pichincha , durante las protestas derivadas de la eliminación del subsidio al diésel.
Denuncia formal ante la CIDH
La acción, firmada por Viviana Veloz, Luis Molina, Paola Cabezas, Patricia Núñez, Jahiren Noriega, Verónica Íñiguez, Liliana Durán, Cristina Jácome, Héctor Rodríguez, Roque Ordóñez, Xavier Lasso, Comps Córdova, Gabriela Molina, Eustaquio Toala, Fernando Cedeño, Franklin Samaniego, Gustavo Mateus y Héctor Valladares , detalla los hechos ocurridos entre el 8 y 19 de octubre de 2025 .
El escrito describe graves violaciones de derechos humanos durante operativos en la zona, incluyendo detenciones arbitrarias, bloqueos de cuentas, allanamientos sin orden judicial, ingreso de militares a hospitales y violencia contra periodistas y dirigentes sociales . Según el documento, 46 periodistas fueron agredidos, 3 personas murieron, niños sufrieron asfixia y 123 ciudadanos fueron detenidos .
Los hechos se originan tras la emisión del Decreto Ejecutivo 126 , que eliminó el subsidio al diésel, y el cese del diálogo con dirigentes indígenas anunciado por el presidente Daniel Noboa .
Peticiones al Estado ecuatoriano
Entre las solicitudes, la bancada exige que la CIDH requiera al Estado ecuatoriano la adopción de medidas urgentes para proteger la vida, integridad física y psicológica, libertad de expresión y derecho a la reunión pacífica de quienes participaron en las protestas.
Se enfatiza que el Estado debe abstenerse de usar fuerza letal, garantizar seguridad de los detenidos, prevenir torturas y proteger líderes sociales y periodistas de posibles represalias. También se solicita reparación integral , investigación de los hechos, sanción de responsables, y medidas de no repetición mediante reformas en los protocolos de actuación de la fuerza pública.
Contexto y relevancia
Estas acciones se enmarcan dentro del paro nacional que afectó a Pichincha e Imbabura , donde comunidades indígenas y sociales manifestaron su rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. La denuncia de los asambleístas busca responsabilizar al Estado y proteger a las víctimas frente a posibles abusos.
La CIDH, organismo que vela por los derechos humanos en la región, evaluará la admisibilidad de la acción y podrá otorgar medidas cautelares , lo que podría incluir supervisión de las fuerzas de seguridad y seguimiento de los casos de violaciones denunciadas.
