El ambiente político en la Asamblea Nacional ha alcanzado niveles de tensión críticos al cierre del año 2025, protagonizado por un enfrentamiento abierto entre las dos fuerzas políticas más numerosas: Acción Democrática Nacional (oficialismo) y la Revolución Ciudadana. La relación entre ADN y RC se ha roto definitivamente entre un cruce de acusaciones que han trascendido el debate parlamentario para instalarse en los tribunales y en los comités de ética. Lo que comenzó como diferencias ideológicas ha derivado en una guerra de denuncias que incluyen delitos graves como el cobro de diezmos y actos de terrorismo, fracturando cualquier posibilidad de diálogo constructivo en el corto plazo.
El detonante más reciente de esta crisis institucional fue la acusación lanzada por Juan Andrés González, jefe de la bancada correísta, quien sugirió que el gobierno podría estar detrás de un "autoatentado" relacionado con explosivos en la Bahía de Guayaquil. Esta declaración provocó una reacción inmediata y contundente por parte del bloque oficialista. Mishel Mancheno, jefa encargada de la bancada de gobierno, anunció una batería de acciones legales y administrativas para sancionar lo que consideran calumnias inaceptables. La pugna política ha dejado de ser retórica para convertirse en una batalla jurídica donde se busca la suspensión temporal del legislador opositor.
ADN y RC están en confrontación
Sin embargo, el conflicto tomó un giro aún más oscuro con la reaparición del fantasma de los "diezmos", una práctica corrupta que ha manchado la reputación del legislativo en periodos anteriores. La asambleísta Ana Belén Tapia, integrante del oficialismo, reveló haber recibido una denuncia de un excolaborador de González. Según esta información, el legislador de la RC habría exigido a su personal el pago de pasajes aéreos y gastos personales, como el cambio de aceite de su vehículo, sumando montos cercanos a los 2.000 dólares. Esta acusación añade una capa de corrupción presunta al ya caldeado enfrentamiento entre ADN y RC , llevando el caso ante el Comité de Ética.
La respuesta del oficialismo no se ha hecho esperar en el ámbito administrativo. Se ha presentado una queja formal ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), organismo controlado mayoritariamente por el gobierno y sus aliados, buscando una sanción que podría alejar a González de su curul por hasta 30 días. Además, se han interpuesto denuncias en la Fiscalía General del Estado por la divulgación de información reservada de una paciente, un delito que conlleva penas de prisión. La estrategia de la bancada de gobierno parece enfocarse en neutralizar políticamente a sus adversarios utilizando todas las herramientas legales disponibles. La judicialización de la política es evidente.
Tensiones durante el 2025
Por su parte, el legislador acusado, Juan Andrés González, ha calificado todo este proceso como una persecución política orquestada desde el Ejecutivo. En sus redes sociales, responsabilizó al gobierno por su seguridad y la de su familia, negando las acusaciones y ratificándose en sus críticas a la gestión de seguridad del Estado. Este escenario de confrontación total entre ADN y RC augura un periodo legislativo complejo, donde la fiscalización y la aprobación de leyes podrían verse entorpecidas por las rencillas personales y partidistas. La gobernabilidad en la Asamblea pende de un hilo ante la magnitud del conflicto.
En resumen, la Asamblea Nacional cierra el año envuelta en escándalos que alejan su atención de los problemas ciudadanos urgentes. Mientras las denuncias de diezmos y calumnias siguen su curso en las instancias respectivas, la polarización entre las principales fuerzas políticas del país se profundiza, dejando poco margen para los acuerdos nacionales. La disputa entre ADN y RC no es solo un choque de trenes legislativos, sino un síntoma de la descomposición de las relaciones políticas en un Ecuador que requiere unidad para enfrentar sus crisis de seguridad y economía.
