El Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó este 30 de septiembre de 2025 a R.X.S.O., asistente de la Fiscalía Provincial de Pastaza, tras confirmarse que cometió acoso sexual contra una funcionaria. La resolución se tomó en Quito con el voto unánime de los cuatro vocales y del presidente Mario Godoy, después de analizar las pruebas reunidas en el proceso disciplinario.
Destitución aprobada por unanimidad
El pleno del CJ evaluó las versiones libres y voluntarias rendidas dentro del expediente y otros elementos probatorios. Con base en ellos, las autoridades concluyeron que el servidor incurrió en una infracción gravísima tipificada en el artículo 109.10 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
Esta norma establece que se destituirá a todo funcionario que incurra en acoso sexual contra subalternos, compañeros o usuarios del sistema judicial. La decisión buscó garantizar un proceso transparente y acorde con la normativa vigente.
La sanción se fundamentó en el principio de protección de derechos y en la necesidad de preservar la confianza en el sistema judicial.
Alcance legal de la sanción
El artículo 109 del COFJ detalla las infracciones que ameritan sanción disciplinaria. En el numeral 10, el acoso sexual figura como una de las faltas más graves.
En consecuencia, la medida aplicada fue la destitución definitiva del cargo, sin opción de reintegrarse. El Consejo subrayó que la resolución responde a la obligación de garantizar un ambiente laboral libre de violencia y discriminación.
La decisión también envía un mensaje de tolerancia cero frente al acoso sexual, reforzando la obligación ética de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
Compromiso institucional del CJ
El Consejo de la Judicatura reafirmó su compromiso de fortalecer los mecanismos internos de prevención, investigación y sanción de casos de violencia sexual o laboral.
Además, anunció que continuará implementando programas de capacitación y campañas de sensibilización dirigidas a funcionarios judiciales en todas las provincias del país. El objetivo es consolidar entornos laborales seguros, donde se respeten los derechos de todos los trabajadores.
Finalmente, el CJ recalcó que la destitución en Pastaza constituye un precedente importante dentro del sistema judicial y reafirma la necesidad de actuar con firmeza frente a conductas que vulneren la dignidad de los servidores.
