Seis asambleístas de la región amazónica, pertenecientes a la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), presentaron este 10 de abril de 2026 un proyecto de reforma a la Ley para la Planificación y Desarrollo Integral de la Amazonía. La propuesta busca establecer un régimen sancionatorio para las autoridades que no cumplan con el empleo preferente, fortalecer la lucha contra la minería ilegal y crear mecanismos de respuesta inmediata ante desastres naturales.
La iniciativa, impulsada por los asambleístas Ana Belén Tapia, Steven Villacrés, Nuvia Vega, María Cristina Acuña, Esperanza Rogel y Edwin Jarrín, se fundamenta en cinco líneas estratégicas. Estas incluyen la consolidación de la gobernanza, el control de recursos estratégicos con manejo territorial y la implementación de un control político efectivo sobre el cumplimiento de las normativas vigentes en las seis provincias de la región.
Derecho de acceso preferente y régimen sancionatorio
Uno de los puntos centrales que plantean los asambleístas en la propuesta de reforma es la creación del derecho de acceso preferente. Este beneficio está dirigido a los residentes por nacimiento o con domicilio habitual de al menos cinco años en la región. La normativa estipula que estas personas serán consideradas de forma prioritaria en la contratación y en los concursos públicos de méritos y oposición, tanto en el sector público como en el privado.
Además, el proyecto incorpora a la juventud amazónica como grupo prioritario dentro de la planificación territorial. Para garantizar que esta disposición no sea ignorada, se inserta un régimen sancionatorio robusto contra los funcionarios que incumplan con la cuota de empleo local. También se garantiza el acceso preferente de los residentes a los recursos naturales de la circunscripción en actividades ambientalmente sostenibles.
Gestión de emergencias y fondos permanentes
En materia de seguridad y respuesta ante crisis, la reforma propone la creación del Fondo Permanente de Emergencias para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Este se financiará con el 1.5% de los recursos provenientes del Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico, asegurando un flujo de capital específico para atender desastres naturales, crisis sanitarias y el colapso de infraestructura crítica.
Finalmente, la propuesta de los asambleístas incluye a los cuerpos de bomberos como ejecutores operativos directos de este fondo en calidad de entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados. Los recursos deberán distribuirse de manera equitativa entre las seis provincias, priorizando la conectividad vial y la reparación de daños por contaminación ambiental, fortaleciendo así la resiliencia de la región frente a amenazas externas.
