La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, con mayoría oficialista, aprobó la noche del martes 27 de mayo el informe para el primer debate del proyecto de Ley contra la economía criminal. El documento fue elaborado con aportes de abogados penalistas.

De los cuatro asambleístas del correísmo que forman parte de esta comisión, dos se abstuvieron y dos votaron a favor: Sergio Peña y Jesús Arias. Los seis legisladores de la bancada oficialista ADN respaldaron el informe con su voto.

El texto será sometido a debate en el Pleno de la Asamblea la mañana del viernes 30 de mayo.

Esto propone la Ley contra las economías criminales

El proyecto de ley para combatir la economía criminal, enviado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y cuyo informe aprobaron este 27 de mayo de 2025 por la Comisión de Desarrollo Económico, busca desarticular las estructuras financieras de las mafias.

Propone penas de hasta 30 años de cárcel para miembros de bandas delictivas, tipificando la pertenencia a estas como delito. Además, permite allanamientos y detenciones sin orden judicial por hasta 24 horas con fines investigativos, medida que ha generado debate por posibles vulneraciones a derechos.

La ley crea una instancia liderada por el Ejecutivo para coordinar acciones contra el crimen organizado, incluyendo el uso de fuerza militar y policial contra el narcotráfico. También plantea incentivos fiscales, como donaciones deducibles a Fuerzas Armadas y Policía, y busca modernizar la contratación pública para eliminar mafias.

El proyecto, tramitado con carácter económico urgente, pretende atacar el lavado de activos y desmantelar redes criminales vinculadas al conflicto armado interno, aunque expertos y abogados cuestionan su constitucionalidad y posibles excesos en la aplicación de justicia.

Más consideraciones del proyecto de Ley de economía criminal

El Gobierno ha presentado una iniciativa orientada a interrumpir los flujos económicos ilícitos que alimentan y sostienen a las organizaciones armadas organizadas. El plan está diseñado para generar impactos económicos directos en las fuentes de financiamiento, redes de extorsión, operaciones financieras y mecanismos de lavado de activos y control territorial de estas agrupaciones.

Según la propuesta, una de las principales consecuencias sería la creación de condiciones favorables para la inversión, el empleo y la recuperación económica en las zonas afectadas por la violencia de estos grupos delictivos.

Sin embargo, el texto del proyecto de Ley no detalla el monto exacto que generan estas actividades ilícitas, a pesar de que se señala que han provocado un incremento “exponencial” en los homicidios y la violencia en el país.

La economía criminal en provincias con mayor violencia

De acuerdo con el documento, el crimen organizado ha consolidado su presencia en todas las provincias del Ecuador. Lo hacen operando en negocios ilegales como narcotráfico, contrabando, minería ilegal, tráfico de armas, delitos contra los hidrocarburos, fauna y otros recursos naturales. Además de lavado de activos, trata de personas, secuestro y extorsión.

Las provincias de Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Manabí y Orellana figuran como puntos críticos. Esto por ser corredores estratégicos del narcotráfico o por la presencia de recursos naturales como oro y petróleo. También se menciona en el proyecto de Ley a Sucumbíos, rodeada por grupos armados provenientes de Colombia.

En la provincia de Guayas operan al menos once agrupaciones delictivas. Entre ellas Los Tiguerones, Los Choneros, Los Lobos, Las Águilas y Latin King, junto a sus respectivos brazos territoriales, según el informe gubernamental sobre las economías criminales.

Estados de excepción en Ecuador

Durante lo que va de 2025, el presidente Daniel Noboa ha decretado el estado de excepción en tres ocasiones, argumentando que el Estado carece de la fuerza necesaria para contener la violencia sin apoyo militar, por lo que ha invocado la figura del conflicto armado interno. Esta medida ha generado llamados de atención por parte de la Corte Constitucional (CC).

A pesar de la magnitud del problema, el Gobierno aún no ha presentado una cifra concreta sobre cuánto dinero mueve el crimen organizado. La información disponible proviene de instituciones públicas, organismos internacionales o investigaciones periodísticas, pero se mantiene dispersa. Sin embargo, el régimen y su bancada insisten en la importancia del mecanismo legal para aplacar el crecimiento de las economías criminales.