El Gobierno de Ecuador promulgó el Decreto Ejecutivo 392 el 22 de mayo de 2026, que regula reformas al COOTAD y obliga a los GAD a destinar 70 % a inversión y 30 % a gasto corriente, bajo supervisión estatal.

La normativa reglamenta las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, aprobadas previamente por la Asamblea Nacional del Ecuador en febrero de 2026.

El decreto establece una distribución obligatoria de recursos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), priorizando la inversión pública sobre el gasto corriente. Además, introduce una meta de cumplimiento progresivo.

Para 2026, los GAD deberán alcanzar al menos un 65 % de ejecución presupuestaria bajo estos parámetros, porcentaje que se incrementará al 68 % en 2027, en lo que se ha denominado la "regla de asignación mínima prioritaria".

Control estatal y posibles sanciones

El reglamento dispone que los gobiernos locales deberán planificar sus gastos computables exclusivamente en inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura pública destinada al beneficio colectivo.

Asimismo, deberán presentar informes periódicos al Ministerio de Finanzas, entidad encargada de verificar el cumplimiento de la normativa.

En caso de incumplimiento, los GAD podrían enfrentar sanciones administrativas, incluyendo reportes a la Contraloría General del Estado y la posible reducción de transferencias del Gobierno central.

El concejal de Quito, Andrés Campaña, explicó que estas disposiciones limitan el uso de recursos a áreas específicas de infraestructura.

Cuestionamientos y demandas legales

Según Campaña, la normativa restringe la inversión únicamente a infraestructura civil, dejando fuera proyectos sociales, lo que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores.

En este contexto, se han presentado demandas de inconstitucionalidad, las cuales ya fueron admitidas para su trámite en instancias judiciales.

Las acciones legales buscan evaluar si el decreto vulnera principios establecidos en la Constitución, especialmente en relación con la autonomía de los gobiernos locales.

Debate sobre autonomía de los GAD

Autoridades seccionales, incluidas algunas vinculadas al correísmo, han manifestado que la normativa podría afectar la autonomía financiera y administrativa de municipios y prefecturas.

El debate se centra en el alcance del control del Ejecutivo sobre los recursos locales y en la capacidad de los GAD para definir sus propias prioridades de inversión.

El desarrollo de los procesos legales y su resolución marcarán el impacto definitivo del decreto en la gestión territorial del país.