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El Decreto Ejecutivo 392 establece nuevas reglas para la asignación presupuestaria de los GAD, generando reacciones y acciones legales por posibles afectaciones a su autonomía.
La acción fue interpuesta por el concejal quiteño Andrés Campaña el 23 de febrero de 2026, tres días después de la aprobación de la norma en la Asamblea Nacional.
El alcalde de Quito cuestionó la reforma al Cootad y advirtió que limitar el gasto municipal afectaría servicios, empleo y autonomía local.
