La Asamblea Nacional aprobó, con 81 votos a favor, 63 en contra y una abstención, las reformas a los artículos 110 y 115 de la Constitución, eliminando el fondo partidario y de promoción electoral financiado con recursos del Presupuesto General del Estado. La propuesta, impulsada por el presidente Daniel Noboa, será sometida a referéndum para su ratificación por la ciudadanía. Este cambio busca redirigir más de $260 millones utilizados desde 2008 en partidos políticos hacia otras prioridades nacionales.

El trámite de la reforma, iniciado en el período presidencial transitorio de Noboa, fue agilizado por la nueva legislatura instalada en mayo de 2025. La Comisión Ocasional, presidida por el asambleísta Esteban Torres (ADN), presentó el informe para el segundo debate el 7 de agosto, culminando en la aprobación de la moción. Torres destacó que los fondos partidarios, que suman $263 millones desde 2008, no han fortalecido la democracia ni mejorado la calidad de los partidos políticos, cuestionando su utilidad ante la ciudadanía.

Detalles del fondo partidario

Según datos presentados por Torres, desde 2008 se destinaron recursos significativos a organizaciones políticas, incluso en años sin elecciones. Entre los principales beneficiarios están:

• Alianza PAIS: $17,9 millones.
• Partido Social Cristiano: $12,2 millones.
• Partido Sociedad Patriótica: $8,6 millones.
• Movimiento CREO: $6,4 millones.
• Partido Socialista Ecuatoriano: $6,3 millones.

El fondo de promoción electoral, instituido en la Constitución de 2008, asignó $182 millones para publicidad en medios durante procesos electorales. Torres argumentó que estos recursos podrían destinarse a sectores críticos como salud, educación y seguridad, respondiendo a un “clamor ciudadano” para eliminar gastos innecesarios.

Debate en la Asamblea

El debate previo a la votación reflejó posiciones divididas. Torres defendió la reforma, señalando que los fondos no han mejorado la calidad de la política ecuatoriana. “¿Con estos $263 millones se ha fortalecido la democracia?”, preguntó, instando a los ecuatorianos a responder en las urnas.

Por su parte, la asambleísta Nuria Butiñá (Revolución Ciudadana) se opuso, argumentando que el financiamiento público es un pilar de la democracia participativa. Según Butiñá, los $263 millones representan menos del 1% del PIB en 17 años, y eliminarlos podría silenciar voces disidentes y limitar la representación popular. “No se puede minar la democracia bajo el pretexto de mal uso de recursos”, afirmó.

Más posiciones divididas

La asambleísta Diana Jácome (ADN) respaldó la reforma, denunciando usos indebidos de los fondos, como gastos en cirugías estéticas y alimentación para animales. “Es un clamor ciudadano que estos recursos no se destinen a partidos que despilfarran”, dijo, enfatizando que la decisión final recaerá en el referéndum.

Gitta Andrade (Revolución Ciudadana) criticó la reforma, argumentando que dejaría a grupos rurales y urbanos sin recursos para difundir sus propuestas. “No hagamos de la política un negocio para los que tienen poder económico”, advirtió, dirigiéndose a los legisladores de ADN. Otto Vera (Partido Social Cristiano) apoyó la eliminación, señalando que los fondos no se usaron para formación política, sino para gastos cuestionables que han erosionado la confianza ciudadana en los políticos. “Es hora de redirigir esos recursos a salud, educación y seguridad”, afirmó.

Carmen Tiupul (Pachakutik), segunda vicepresidenta de la Asamblea, expresó su rechazo, argumentando que la reforma afectaría a movimientos de sectores populares. “Eliminar estos fondos beneficia a los que tienen grandes chequeras económicas, violentando la igualdad en la participación política”, dijo. Tiupul abogó por controles más estrictos en lugar de la eliminación total.

Contexto y próximos pasos

La propuesta de eliminar el financiamiento público a partidos políticos forma parte de una consulta popular impulsada por el Ejecutivo. La pregunta planteada es: “¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución?”. Si no se ratifica en referéndum, la reforma será archivada.

Este debate se enmarca en un contexto de creciente desconfianza hacia la clase política en Ecuador, donde la ciudadanía reclama mayor transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos. La eliminación de los fondos busca, según sus defensores, priorizar necesidades urgentes del país. Sin embargo, detractores advierten que podría limitar la participación de sectores con menos recursos, favoreciendo a élites económicas.

La reforma no elimina los controles ni límites al gasto electoral, pero requerirá ajustes en la normativa secundaria si es aprobada en las urnas. La decisión final dependerá de los ecuatorianos, quienes definirán en el referéndum el rumbo de esta medida.