Dos años después de la consulta popular para dejar bajo tierra el petróleo del Yasuní, el mandato aún no se ha cumplido. El 58,95 % de los ecuatorianos decidió en 2023 mantener bajo tierra el crudo del Bloque 43-ITT, ubicado en el Yasuní.
El Gobierno no ha cerrado ni una decena de pozos, según denunció Johanna Romero, integrante de la agrupación ambientalista Yasunidos. Romero cuestionó la falta de acciones concretas y el incumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional.
“El Gobierno entregó un informe en mayo y junio del año pasado, pero para agosto de 2024 ya se había cumplido un año de la consulta. Ese era el plazo para haber suspendido la extracción, y no lo han hecho”, señaló. Según explicó, este incumplimiento es evidente no solo en la falta de acciones, sino también en los argumentos que ha esgrimido el Ejecutivo para justificar su inacción.
La justificación del Gobierno
De acuerdo con la vocera de Yasunidos, el Gobierno ha manejado dos líneas principales de justificación: la supuesta imposibilidad técnica de cumplir con el plazo de un año y los costos económicos asociados al cierre. Sin embargo, Romero afirma que ambas razones carecen de sustento técnico.
“Han dicho que necesitan cinco años, luego dijeron que solo cuatro meses. Los datos que presentan se contradicen entre sí, y cuando los analizamos con expertos petroleros, concluimos que el cierre técnico de los pozos —el proceso de suspensión— puede hacerse en minutos. No es cierto que tomaría años”, aseguró.
Los pozos petroleros siguen funcionando
Actualmente, según Romero, solo un pozo ha sido cerrado, y eso no consta oficialmente en el informe entregado a la Corte Constitucional. Por información no oficial, se estima que podrían haberse cerrado entre cinco y ocho pozos más. Sin embargo, el plan inicial del Gobierno preveía cerrar apenas cinco en 2024 y 45 en 2025, muy por debajo de los 246 pozos que deberían ser retirados.
Romero también cuestionó la falta de voluntad política y la exclusión de las comunidades y organizaciones promotoras de la consulta del proceso de cumplimiento. “Desde el año pasado no ha habido ningún tipo de acercamiento. Todo se ha manejado a puertas cerradas. El comité interinstitucional creado por el presidente Noboa en mayo de 2024, supuestamente para coordinar el cumplimiento, apenas se ha reunido dos veces. Solo aprobaron el informe que enviaron a la Corte Constitucional en agosto de 2024. Nada más”, señaló.
“Estamos preparando una acción por incumplimiento, porque la Corte es la única instancia que puede exigir que se respete una consulta popular. No hay otro camino legal para obligar al Estado a cumplir con lo que el pueblo decidió”, sostuvo.
El comunicado del presidente sobre el Yasuní
El presidente Daniel Noboa, el 20 de agosto de 2024, señaló en un comunicado que respeta la voluntad popular expresada en la consulta de 2023, y que “su compromiso de honrar esta decisión se mantiene firme”. Asimismo, informó que se ha solicitado a la Corte Constitucional que inicie la fase de seguimiento al dictamen que dio paso a la consulta.
Con una extensión de más de un millón de hectáreas en el corazón de la Amazonía, el Yasuní no solo es el mayor parque nacional del Ecuador, sino también una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. Ubicado en el centro-norte de la región amazónica del país, alberga 150 especies de anfibios, 121 de reptiles, 598 de aves, 169 de mamíferos y 2.113 especies de flora. Los expertos lo describen como un “centro de biodiversidad de extraordinaria riqueza a nivel mundial”.
También es hogar de varios pueblos indígenas ancestrales, entre ellos los Tagaeri y los Taromenane, considerados los últimos en aislamiento voluntario en el país. El gobierno ecuatoriano creó el parque en 1979 y la Unesco lo declaró Reserva de la Biosfera en 1989.
