En una entrevista de Manavisión Plus, el ingeniero Otto Vera, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) por Guayas, analizó el proyecto de ley económica urgente remitido por el Ejecutivo el 30 de septiembre de 2025 para fortalecer a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas mediante incentivos tributarios a donaciones.

Vera advirtió sobre riesgos de infiltración del crimen organizado al eludir el Sistema Nacional de Compras Públicas, y cuestiona si cumple requisitos de urgencia económica.

Además, aborda la eliminación del subsidio al diésel desde el 12 de septiembre de 2025, que elevó su precio a 2,80 dólares por galón y desató paros, proponiendo focalización para transportistas y agricultores.

Por otro lado, rechaza la Asamblea Constituyente por su alto costo de hasta 250 millones de dólares y sugiere reformas parciales más eficientes.

-Asambleísta, se discute en estos días dentro de algunos temas en la Asamblea Nacional la ley para fortalecer de manera económica a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. ¿Cómo va aquello? ¿Cuál es su opinión sobre esta intención que se genera desde el propio Ejecutivo?

El proyecto tiene varios días en la Comisión de Desarrollo Económico tras su calificación por el CAL el 3 de octubre de 2025. Es una extracción de leyes inconstitucionales como Solidaridad e Integridad Pública. Cumple unidad de materia, pero no motiva reales donaciones: permite descontar hasta 30% de deudas tributarias para entregar bienes directamente, lo que parece un trueque riesgoso al evadir compras públicas.

-Ahora, a propósito del fortalecimiento económico y de logística para las fuerzas del orden asambleísta, en su momento se incrementó el tema del IVA, del 12 al 15%, obviamente argumentando de que iba a ser destinado para aquello. ¿Usted, desde la suposición de asambleísta, tiene conocimiento de que precisamente este dinero ha sido utilizado para aquello?

El aumento del IVA recaudó 1.300-1.400 millones de dólares en 2024, pero solo 236 millones se destinaron al bloque de seguridad en la ejecución presupuestaria de 2025. Esto explica la nueva propuesta, pero ignora que ya hay recursos; urge optimizarlos en lugar de trueques que podrían infiltrar crimen organizado en adquisiciones reservadas.

-Si bien usted decía al inicio de este diálogo que este proyecto de ley es una extracción prácticamente de una ley que ya habría sido declarada previamente como inconstitucional, ¿verdaderamente una ley como esta cumple, es necesario tratarla como una ley económica urgente? ¿Verdaderamente es urgente esta ley en materia económica?

Gracias por la observación. Cumple unidad de materia, pero no impulsa economía: no aumenta recaudación ni reduce gastos, solo desvía pagos tributarios a bienes directos para seguridad. Debe tratarse como ordinaria para análisis profundo y evitar inconstitucionalidades repetidas.

-Ahora, precisamente sobre esto, el artículo 4 menciona que los suministros deberán ser nuevos y en condiciones óptimas, son equipos que deben cumplir con ciertos estándares, con cierta rigurosidad y sobre todo cuestiones tecnológicas con ciertos criterios que deben ser de un carácter mucho más reservado. La ley es bastante escueta y no establece de alguna manera qué procedimientos o a lo mejor si un ente técnico deberá encargarse de la revisión de esos equipos que serían donados, entre comillas, pues cumplen verdaderamente con lo que requieren las fuerzas del orden en nuestro país.

La ley es amplia y faculta un reglamento para verificar condiciones, como antigüedad de tecnología o vehículos. Pero el problema persiste: exponer necesidades de seguridad al público facilita infiltración criminal, que sabrá qué software o equipos recibe el bloque. Urge aportes en comisión para mayor delicadeza y evitar que donaciones, en comillas, comprometan la lucha contra el crimen.

-El llamado a la asamblea constituyente, ustedes como Partido Social Cristiano han mostrado obviamente su posición favorable en torno a la asamblea constituyente y también el tema de la eliminación del subsidio al diésel, también han habido posiciones claras en torno a aquello desde la asamblea por parte de ustedes. Hablemos de estos dos temas interesantes, asambleísta asamblea constituyente y eliminación al subsidio al diésel.

Primero, la eliminación del subsidio al diésel desde el 12 de septiembre de 2025 causó paros en la Sierra Centro al elevar el precio a 2,80 dólares por galón. De 1.500 millones anuales en subsidio, solo 500 van a transportistas, agricultores y pescadores; 1.000 a parque automotor privado y crimen ilegal. Proponemos focalizar en los 500 millones para equidad, sin bonos temporales que no contienen inflación futura. Para Asamblea Constituyente, apoyamos si el pueblo la quiere, pero no: cuesta 250 millones en tres elecciones versus 70 millones en reforma parcial vía referéndum para 10-15 cambios claros.

-Por el momento asambleísta no hay focalización, que es lo que ustedes plantean pero en cambio hay compensaciones, entrega de bonos para tratar de contener un poco incluso la presión social que esto puede generar, ¿hace bien o no hace bien el gobierno?

Los bonos son temporales, de 3-4 meses extendibles a 8, calmando a beneficiarios como transportistas, pero no resuelven: en 6 meses, sin subsidio, suben precios generalizados. Mejor focalizar 500 millones en diésel productivo y 800 en gas, ahorrando 1.700 de 3.000 millones totales en subsidios, fiscalizando fuel oil para industrias. Esto evita paros sin gastar más.

-Hablando un poco de esta hiperpolarización que vive el país y que también se traduce en la asamblea nacional, quisiera preguntarle sobre el proceso que vimos la semana anterior en la asamblea nacional en torno a la asambleísta del correísmo Nuria Butiña, donde pues finalmente en el pleno se trató una denuncia en su contra, por supuesto cobró de diezmos, pero no se obtuvo los votos necesarios para poder destituirla y en este sentido lo que algunos analistas precisamente planteaban es que en el marco de esta hiperpolarización que hay en la asamblea no habría un mecanismo o no habría una posibilidad de autodepuración a la interna de la asamblea nacional porque prácticamente sería imposible en algún momento o muy difícil en algún momento alcanzar una mayoría calificada para poder destituirla. ¿Cuál es su postura sobre lo que ocurrió con la asambleísta Butiñá y si es que verdaderamente podría haber un espacio para la autodepuración en la asamblea nacional en casos graves o de corrupción comprobada como tal?

El 2 de octubre de 2025, el Pleno no destituyó a Butiñá con solo 81 votos de 101 necesarios; el PSC se apartó por pruebas frías: transferencias de 50-200 dólares vía asesores sin evidencia directa de cobro. Parece retaliación política. La autodepuración existe, como destituciones previas con dos tercios cuando evidencias son claras, incluso de propia bancada. Pero la polarización complica, similar a censuras o aprobación de nueva Constitución en Constituyente que requiere 75%, haciendo difícil procesos sensibles.

La entrevista completa puede visualizarse en las plataformas digitales de Manavisión Plus.