La Asamblea Nacional no logró destituir a la legisladora de Revolución Ciudadana (RC), Nuria Butiñá, acusada de cobro de diezmos por su exasesor Iván Castro, en una sesión plenaria realizada este 2 de octubre. La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), con mayoría absoluta, obtuvo 81 votos a favor de la destitución. Sin embargo, no alcanzó la mayoría calificada de 101 votos requerida por la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La sesión, que se extendió por más de tres horas, incluyó la lectura del informe del Comité de Ética, que recomendaba la destitución de Nuria Butiñá por una infracción grave relacionada con la percepción indebida de fondos públicos. De los 142 asambleístas presentes, 54 votaron en contra, liderados por RC, y 7 se abstuvieron. Sin finalizar, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen (ADN), suspendió la sesión antes de completar el procedimiento. Esto deja abierta la posibilidad de reconsiderar la votación en una nueva reunión.
Informe del Comité de Ética y acusaciones
El Comité de Ética, de mayoría oficialista, presentó un informe de 91 páginas que detallaba pruebas de cargo contra Nuria Butiñá. Incluía mensajes de texto, transferencias bancarias y audios que, según la vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno (ADN), evidenciaban la creación de un fondo económico con aportes de los salarios de asesores.
Mancheno, quien actuó como denunciante, afirmó que Nuria Butiñá dio instrucciones directas para estos pagos y maltrató a su equipo. En particular, cuando Castro se negó a contribuir. El informe concluyó que las pruebas de cargo eran sólidas, descartando ingresos directos a la cuenta de Butiñá. No obstante, señaló canalización indirecta a través de terceros. Las pruebas de descargo presentadas por la legisladora, como chats no admitidos formalmente, no tuvieron valor probatorio según el Comité.
Defensa de Nuria Butiñá
En su intervención, que duró cerca de 30 minutos, Nuria Butiñá calificó la denuncia como un “burdo montaje” y un “linchamiento político” por su rol opositor al Gobierno. Reconoció su carácter exigente, pero negó haber cobrado diezmos o maltratado a sus colaboradores. Afirmó que el informe del Comité de Ética descartaba ingresos adicionales en sus cuentas. Además, cuestionó la imparcialidad del proceso, señalando al exasesor Castro como un denunciante con antecedentes. Este tenía 18 denuncias administrativas y penales.
Nuria Butiñá también criticó a Mancheno por impulsar el proceso y acusó al legislador Sergio Peña, exmiembro de RC, de traición y acoso. La legisladora afirmó que el caso era un intento de silenciar a RC y distraer de los problemas nacionales.
#ComitéDeÉtica| @NuriaButina en ejercicio de su derecho a la defensa manifiesta su posición: “Es un montaje; se presentaron audios mutilados”.
Insiste en que se crea una narrativa falsa de autoritarismo en su contra. pic.twitter.com/BzInAVAdR9
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) October 2, 2025
Acusaciones y contraacusaciones en el Pleno
Mancheno, en su réplica, reiteró que Nuria Butiñá mintió al negar conocer a Castro, presentando fotos de 2010 que demostraban una relación laboral previa. La oficialista afirmó que los audios y transferencias probaban el cobro indebido y calificó de “chantaje” y “falsedad” votar contra la destitución. “Votar en contra es estar a favor de los diezmos”, sentenció.
La sesión escaló en tensión cuando el asambleísta Alex Morán (ADN) tildó a RC de “corrupta” y “diezmera”. Esto provocó un reclamo de Juan Andrés González, coordinador de RC, quien exigió coherencia. También mencionó una denuncia contra el legislador Christopher Jaramillo (ADN) por cohecho y acoso. Xavier Lasso (RC) calificó el proceso como un “escarnio” para atacar a Butiñá, mientras Liliana Durán (RC) lo describió como una operación política para debilitar al bloque correísta.
Contexto político y dificultades legislativas
La votación reflejó la polarización en la Asamblea, donde ADN, con mayoría absoluta, no logró los 101 votos necesarios. Esto se debió a la falta de apoyo de otros bloques. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que sanciones como la destitución requieren una mayoría calificada. Este es un umbral difícil de alcanzar sin alianzas amplias. En conclusión, este caso evidencia los desafíos para depurar la Asamblea desde dentro, en un contexto de acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición.
El cobro de diezmos, entendido como la exigencia de aportes económicos a asesores, es una práctica prohibida por la ley ecuatoriana. Esta considera estos actos como una infracción grave. El caso de Butiñá se suma a otros escándalos similares que han afectado la credibilidad de la legislatura en los últimos años.
Reacciones y próximos pasos
Katherine Pacheco (ADN) defendió la actuación del Comité de Ética. Mientras Issac Solano (ADN) advirtió que no sancionar a Nuria Butiñá enviaría un mensaje de tolerancia a la corrupción. Por su parte, Jhajaira Urresta (ADN, ex RC) cuestionó la “pulcritud” de Butiñá, citando una denuncia internacional de 2025 sobre irregularidades financieras. La suspensión de la sesión por parte de Olsen deja abierta la posibilidad de una nueva votación, aunque no se ha anunciado una fecha.
