El Colectivo Intercomunitario por la Defensa del Río Portoviejo (CIDER) presentó una acción de protección el 24 de septiembre de 2025 en la Unidad Judicial Civil del cantón Santa Ana, provincia de Manabí, Ecuador. Esta acción fue contra el Municipio de Santa Ana y la Empresa Pública del Agua (EPA). José Castro Moreira, coordinador de CIDER, impulsa esta medida para declarar al río Portoviejo como sujeto de derechos y obligar a un plan de descontaminación. Esto es ante la persistente contaminación por aguas residuales que amenaza su existencia.
Acción de protección por derechos del río
La acción de protección se basa en los artículos 71 al 74 de la Constitución de Ecuador. Estos artículos reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos, incluyendo el derecho a existir, fluir y mantener su estructura y funcionalidad. Según Castro Moreira, el colectivo ha realizado diversas actividades para alertar a las autoridades sobre la contaminación. Sin embargo, no han obtenido respuestas efectivas.
El río Portoviejo recibe descargas de plantas de aguas residuales en la parroquia Ayacucho y lagunas de oxidación en Santa Ana. Esto agrava su deterioro. Esta demanda busca remediar décadas de negligencia en la gestión ambiental del afluente. Es el principal recurso hídrico de la región central de Manabí.
Marcelo Toala, abogado de CIDER, explicó que el trámite reivindica los derechos del río como ser vivo. Por esto, se exige un plan integral de descontaminación, conservación y protección. Esta iniciativa se enmarca en la jurisprudencia ecuatoriana que ha aplicado los derechos de la naturaleza en casos previos.
Evidencia científica de la contaminación
CIDER recabó evidencia científica, incluyendo un informe químico que detecta altos niveles de grasas, coliformes fecales, químicos y metales pesados en las aguas del río. Estudios previos en la cuenca del Portoviejo, como el realizado por Reyes Vélez en 2015, registraron 3.000 NMP/100 ml de coliformes fecales en algunos sectores. Esto supera los límites normativos de 1.000 NMP/100 ml para usos agrícolas y humanos.
Otro análisis de 2017 en el sistema de riego de Santa Ana encontró 540 NMP/100 ml de coliformes fecales, confirmando la inadecuación del agua para consumo o riego. La presencia de metales pesados como cobre, cromo, manganeso y plomo, evaluados entre 2009 y 2010. Entre los puentes Velasco Ibarra y El Salto indican riesgos sanitarios para la población expuesta.
Testimonios de expertos, incluyendo un exviceministro del Agua, destacan malas prácticas en el tratamiento de aguas residuales. También mencionan la ausencia de políticas públicas para proteger el ecosistema. Estas evidencias sustentan que el agua no es apta para consumo humano y amenaza la funcionalidad del río.
Precedentes en Ecuador y novedad en Manabí
Esta demanda marca la primera acción de protección a favor de un río en Manabí. Aunque a nivel nacional suman más de cinco casos. Por ejemplo, en Quito, el río Machángara fue declarado sujeto de derechos en 2024. Esto obligó al Municipio a un plan de descontaminación por recibir el 98% de aguas residuales sin tratar, según sentencia judicial que invocó el derecho a la regeneración ambiental.
En Loja, el río Vilcabamba obtuvo reconocimiento en 2011 por daños a sus riberas, con órdenes de reparación y disculpas públicas del gobierno provincial. Casos similares en Cuenca y Santo Domingo de los Tsáchilas han aplicado los artículos constitucionales para restaurar afluentes contaminados por vertidos industriales y domésticos.
La Corte Constitucional de Ecuador ha emitido sentencias vinculantes. Como la del río Monjas en Quito, integrando el derecho a la ciudad con la protección de la naturaleza. Estos precedentes fortalecen la pretensión de CIDER, promoviendo un enfoque biocéntrico en la gestión de recursos hídricos.
Contexto de la cuenca del Portoviejo
La cuenca del río Portoviejo abarca 2.108 km² en cantones como Santa Ana, Portoviejo y Rocafuerte. Suministra agua a más de 280.000 habitantes, según datos demográficos. Actividades antrópicas, como descargas de alcantarillado sin tratamiento y agricultura intensiva, han elevado el índice de calidad de agua a niveles “malos”. Esto es conforme al método NSF aplicado en 2017.
En 2025, inundaciones por crecidas del río en febrero afectaron comunidades en Santa Ana, exacerbando la exposición a contaminantes.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha coordinado mesas técnicas con CIDER y entidades locales para muestreos y remediación, reconociendo la contaminación como amenaza a la seguridad alimentaria y el buen vivir en Manabí.
Implicaciones para la región
La resolución de esta acción podría obligar a inversiones en plantas de tratamiento y monitoreo continuo, alineándose con el Plan Nacional de Gestión de Riesgos. Expertos enfatizan que declarar al río sujeto de derechos implica responsabilidad colectiva para su restauración, beneficiando ecosistemas y comunidades hasta su desembocadura en el Pacífico.
CIDER invita a la participación ciudadana en la defensa del río, recordando que la Constitución permite a cualquier persona actuar en nombre de la naturaleza. El proceso judicial avanza en la Unidad Judicial Civil de Santa Ana, con potencial impacto en políticas hídricas de la provincia.
