El economista Ricardo Alarcón explicó que cada incremento en el combustible por la eliminación del subsidio al diésel repercute en el transporte de alimentos, pero aclaró que el ajuste trasladado suele ser superior al gasto real. “Es normal que exista un ajuste inicial de precios tras una decisión de este tipo, pero lo peligroso es que se abra la puerta a la especulación”, señaló.

En la misma línea, Alberto Acosta Burneo sostuvo que el diésel es solo un insumo más en la cadena de producción, similar al trabajo o a los salarios. Aclaró que, en el caso de los alimentos, el ajuste por litro de diésel se traduce en “ni una fracción de centavo por libra”, por lo que no hay justificación para incrementos desmedidos.

“Quien suba precios sin sustento técnico perderá competitividad y mercado”, advirtió Acosta Burneo, quien añadió que en países vecinos los productores pagan precios de mercado por el combustible y, aun así, logran ser competitivos.

Posturas enfrentadas desde el agro

El anuncio de la eliminación del subsidio al diésel generó reacciones inmediatas en el sector agrícola. Algunos productores señalaron que esta medida “matará el agro”, al considerar que el costo del combustible será una carga difícil de sostener.

Sin embargo, los economistas insisten en que el diésel tiene un peso marginal en los costos de producción. El desafío, señalan, es que el impacto no se convierta en una excusa para generar aumentos desproporcionados.

La preocupación en el campo también se centra en los fletes de transporte. Allí, los testimonios reflejan una realidad distinta a la que plantean los expertos, lo que anticipa tensiones en la cadena de distribución.

Transportistas: más gasto en combustible

El transportista César Gilces afirmó que sus costos operativos prácticamente se duplicaron. Antes gastaba 28 dólares en combustible por un recorrido determinado y ahora debe invertir 55 dólares.

“Nadie trabaja a pérdida. Por eso el costo del flete aumentará”, dijo Gilces, quien sostiene que el consumidor final terminará asumiendo la diferencia.

En los mercados, la percepción es similar. El comerciante Kevin Menéndez aseguró que algunos productos ya comenzaron a subir. “El saco de papa costaba 18 dólares, ahora está en 24 dólares”, señaló, destacando que el ajuste empezó a sentirse incluso antes de la implementación completa de la medida.

Riesgo de especulación

Ante este escenario, las autoridades han activado mecanismos de control. La intendenta de Policía en Manabí, Helen Alcívar, aseguró que los operativos se mantienen activos. “Hasta el momento no hemos tenido novedades, pero eso no significa que no vaya a pasar. Cuando ocurra, iniciaremos el procedimiento sancionador”, enfatizó.

El proceso administrativo contempla una primera citación y puede derivar en la suspensión de actividades comerciales de entre 15 y 30 días o más, dependiendo de la infracción.

La Gobernación informó que en el primer día de funcionamiento de la plataforma digital contra la especulación se registraron 250 denuncias a nivel nacional. La provincia de Manabí reportó 17 casos, ubicándose en tercer lugar después de Guayas (56) y Pichincha (71).

Control y transparencia como prioridad

La especulación es el mayor riesgo identificado por los economistas. Aunque los cálculos técnicos muestran que el diésel tiene un peso menor en los costos finales, el temor de consumidores y la presión de los transportistas generan condiciones para ajustes injustificados.

El desafío para el Gobierno es garantizar que la eliminación del subsidio no se convierta en un detonante inflacionario. Para ello, los mecanismos de control deben funcionar con rapidez y sancionar a quienes intenten aprovecharse de la coyuntura.

En este punto, las declaraciones de las autoridades apuntan a reforzar los operativos y la supervisión directa de mercados y centros de abasto, donde suelen concentrarse los reclamos de los consumidores.

Perspectiva económica

Para Alarcón y Acosta Burneo, el reto está en comunicar de manera clara que el incremento del diésel no debe trasladarse a los precios finales de forma desmedida. La experiencia internacional demuestra que los países que han eliminado subsidios similares no registran impactos inflacionarios sostenidos cuando existen controles efectivos.

Sin embargo, las percepciones de agricultores, transportistas y comerciantes muestran que la transición no está exenta de tensiones. El temor a “trabajar a pérdida” se convierte en un argumento que puede distorsionar el mercado si no se acompaña de políticas claras de apoyo y fiscalización.

Cambio de política estatal

La eliminación del subsidio al diésel en Ecuador representa un cambio estructural en la política económica. Los economistas aseguran que el impacto real en los precios debe ser mínimo, pero los testimonios de transportistas y comerciantes reflejan una presión inmediata en los costos de fletes y alimentos.

La clave estará en evitar que la especulación se convierta en el factor que distorsione el mercado. Para ello, el rol de las autoridades de control será decisivo, no solo con sanciones, sino también con información clara y mecanismos de transparencia que fortalezcan la confianza en el proceso.