Los GAD, responsables de áreas clave como recolección de residuos, agua potable y mantenimiento vial, también dependen del diésel para operar su maquinaria. En Portoviejo, el alcalde Javier Pincay reconoció que el aumento del combustible ha impactado directamente en los costos de servicios esenciales.

El burgomaestre detalló que llenar de combustible a los carros recolectores de basura ahora representa un gasto adicional de 20 dólares por unidad, un incremento que multiplica la presión sobre las finanzas municipales. “Nos estamos reajustando y trabajando con la planificación que tenemos, pero también inyectando más recursos”, explicó Pincay al referirse a la operatividad de las maquinarias.

Según la rendición de cuentas del Municipio de Portoviejo, el promedio mensual destinado a combustible era de 100 mil dólares, lo que significaba poco más de 1,2 millones al año. Con el nuevo precio del diésel, esa proyección quedará superada y se requerirán ajustes financieros inmediatos.

Prefecturas también golpeadas

La situación no es exclusiva de los municipios. En la Prefectura de Manabí, los costos por combustible son todavía más elevados. Datos públicos de la entidad indican que cada mes se destinan alrededor de 1’195.453 dólares para abastecer maquinaria y vehículos, lo que equivale a más de 13 millones de dólares al año.

Este gasto se incrementará de manera significativa tras la eliminación del subsidio, ya que gran parte de la flota de maquinaria vial y de servicios rurales depende exclusivamente del diésel para operar. La prefectura enfrenta el reto de priorizar inversiones, sin comprometer obras viales y programas sociales en curso.

La magnitud de estas cifras refleja la alta dependencia de los GAD del combustible, en especial en provincias con extensos territorios rurales como Manabí, donde la movilidad de maquinaria es constante.

Postura de la Asociación de Municipalidades

Ante este escenario, la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) emitió un comunicado señalando que los GAD no fueron incluidos en las compensaciones dispuestas por el Gobierno para otros sectores.

El organismo recalcó que los municipios consumen diésel en actividades de gran impacto social: maquinaria caminera, agua potable, recolección de residuos y servicios comunitarios. Aun así, decidieron no trasladar los mayores costos a la ciudadanía. “En ejercicio responsable, los municipios no trasladaremos este costo a la gente, pero ello implica menos inversión y menos obras”, advirtió la entidad.

La AME exigió al Gobierno central establecer un cronograma oportuno de asignaciones y crear un mecanismo permanente de compensación que asegure la sostenibilidad de los servicios municipales y provinciales, evitando que el peso recaiga en la reducción de obras.

Impacto en servicios básicos

El alza del diésel afecta directamente la capacidad operativa de las flotas de recolección de basura, cisternas de agua potable y maquinaria de obras públicas. En ciudades como Portoviejo, la operatividad de estos vehículos es esencial para mantener limpia la ciudad y atender emergencias en comunidades rurales.

Los técnicos financieros municipales advierten que, de no llegar compensaciones estatales, los ajustes tendrán que realizarse recortando otras partidas presupuestarias. Esto significa menos recursos para programas de desarrollo comunitario, eventos culturales y proyectos de infraestructura que no son considerados urgentes.

En zonas rurales, donde la maquinaria caminera es vital para mantener habilitados los caminos de tercer orden, el costo adicional de combustible podría traducirse en menos frentes de trabajo simultáneos, retrasando obras esperadas por comunidades.

Comparaciones nacionales

La situación de Portoviejo y Manabí refleja una problemática generalizada en los GAD de todo el país. Aunque no todas las entidades han publicado cifras exactas, la dependencia del diésel es transversal en municipios grandes, medianos y pequeños.

En municipios pequeños, con presupuestos limitados, la situación es aún más delicada. La falta de subsidio al diésel obliga a priorizar recursos casi exclusivamente en servicios básicos, dejando poco margen para nuevas inversiones.

La AME advierte que, de mantenerse esta dinámica, la capacidad de ejecución de obras públicas a nivel nacional podría reducirse en un porcentaje significativo, afectando la calidad de vida de la población y retrasando proyectos de infraestructura.

Contexto del incremento del diésel

La eliminación del subsidio al diésel forma parte de un plan de ajuste económico adoptado por el Gobierno central, que busca reducir el déficit fiscal y alinear precios internos con los internacionales.

El precio pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón, un incremento de un dólar que impacta tanto en el transporte público y de carga como en las instituciones estatales y municipales. Aunque se han dispuesto compensaciones parciales para transportistas, los GAD quedaron fuera de ese esquema.

Expertos en economía local señalan que el alza no solo encarece el funcionamiento institucional, sino que también puede repercutir indirectamente en la ciudadanía, al ralentizar proyectos o limitar inversiones.

Perspectivas a futuro

Mientras la AME continúa con sus gestiones, los municipios aplican medidas de contención de gasto. En Portoviejo, la administración municipal analiza cómo optimizar rutas de recolección de basura para reducir el consumo de combustible.

En Manabí, la Prefectura evalúa priorizar proyectos estratégicos y buscar financiamiento externo para compensar la diferencia de costos, aunque los recursos locales seguirán siendo insuficientes.

La expectativa está puesta en que el Gobierno central defina un esquema de compensación o asigne mayores transferencias.