El Consejo de la Judicatura (CJ) anunció el inicio de una investigación contra el juez del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi. La decisión surge después de que el magistrado otorgara medidas cautelares y liberara a un integrante de un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO).
El arrestado fue detenido en una narcovivienda en Quevedo, provincia de Los Ríos. La investigación busca determinar si el juez incurrió en algún tipo de inconducta en sus funciones. La acción del CJ ocurrió el domingo 17 de agosto de 2025.
Detención y polémica liberación
El incidente se origina con la aprehensión del miembro del grupo delictivo. La detención se produjo la madrugada del viernes 15 de agosto de 2025. El sujeto fue encontrado en una vivienda en el cantón Quevedo, conocida como narcovivienda. Sin embargo, horas después de su detención, el juez de La Maná ordenó su liberación.
Esta decisión ha generado controversia y ha activado los mecanismos de control del sistema judicial ecuatoriano. La investigación disciplinaria está a cargo de la Subdirección de Control Disciplinario y la Dirección Nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura. Ambas dependencias serán las encargadas de ejecutar las acciones necesarias para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.
Lucha contra la delincuencia organizada
El Consejo de la Judicatura recordó la importancia de la actuación de los jueces. La institución subraya que los administradores de justicia deben actuar dentro del ordenamiento jurídico vigente. Esto es especialmente relevante en el contexto actual del país, donde la seguridad ciudadana es un tema prioritario.
El CJ ha manifestado que decisiones como esta pueden comprometer seriamente la reputación del sistema judicial. También pueden debilitar la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada. La institución reitera su compromiso con el país y advierte que no permitirá que decisiones erradas debiliten estos esfuerzos.
Firmeza y respeto al debido proceso
La Judicatura ha declarado que actuará con firmeza para sancionar estas conductas. El objetivo es depurar a los malos elementos del sistema judicial. La acción se enmarcará siempre dentro de sus competencias y el respeto al debido proceso. El CJ enfatiza que se protegerá la independencia judicial.
