El proyecto de ley, que busca establecer un marco claro para la cooperación interinstitucional en materia de seguridad, recibió una serie de sugerencias por parte de los delegados del Ministerio del Interior y de Defensa. La propuesta continúa en fase de análisis en la Asamblea Nacional.
En representación del Ministerio del Interior, Roberto Romero ha planteado una modificación crucial en el lenguaje del documento, sugiriendo reemplazar el término “uso progresivo y diferenciado de la fuerza” por “uso legítimo de la fuerza”. Esta enmienda, según el funcionario, busca evitar ambigüedades y garantizar un apego estricto a los derechos humanos durante las intervenciones.
Además, Romero ha propuesto que la norma obligue a una serie de entidades clave, incluyendo la Presidencia de la República, la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo, a cumplir con sus disposiciones, consolidando un enfoque integral para la seguridad pública.
Por su parte, el asesor del Ministerio de Defensa, Francisco Chamorro, ha planteado su propio conjunto de observaciones. Chamorro ha cuestionado la necesidad de un control constitucional sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas, argumentando que el decreto que lo habilita no es un estado de excepción y que los mecanismos de control para la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional ya están claramente definidos en otras normativas. Chamorro sugirió que la falta de claridad en el proyecto podría generar complicaciones en su implementación.
Solicitudes y procedimientos en torno al proyecto de ley
Otro punto de discusión fundamental ha sido el procedimiento para solicitar el apoyo militar. El delegado del Ministerio del Interior enfatizó la importancia de que cualquier petición cuente con una solicitud motivada que especifique los recursos logísticos, el personal, la zona y el tiempo de la intervención.
Esta medida busca asegurar que el apoyo se desarrolle de una manera proporcional y limitado a la necesidad específica. Romero también detalló que la solicitud debería ser dirigida por el máximo representante del Ministerio del Interior al presidente de la República, quien luego emitiría el decreto correspondiente.
El proyecto continúa en análisis
A pesar de las diferencias, ambas partes coincidieron en la relevancia de establecer un marco legal que fortalezca la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos de seguridad. La presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, ha solicitado a los comparecientes que presenten sus propuestas por escrito para un análisis más detallado.
El proyecto continúa en debate, y su aprobación podría tener un impacto significativo en la forma en que las instituciones de seguridad de Ecuador colaboran para enfrentar la criminalidad y mantener el orden público.
