La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar la eliminación de la tobillera electrónica que monitorea su arresto domiciliario y la flexibilización de las restricciones de visitas en su vivienda en el barrio de Constitución. La apelación, busca revertir las condiciones impuestas por la Justicia en el marco del caso Vialidad. Por este caso fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta.
El recurso, liderado por el abogado Carlos Beraldi, cuestiona la decisión del 12 de julio de la Cámara de Casación Penal, que ratificó el uso del dispositivo electrónico y las limitaciones de visitas en el domicilio de Fernández, ubicado en San José 1111. La expresidenta, de 72 años, cumple su condena en arresto domiciliario desde junio de 2025. Las medidas se otorgaron tras ser beneficiada por su edad y en consideración a un intento de magnicidio sufrido en 2022.
Condiciones de la condena y argumentos judiciales
La justicia argentina impuso la tobillera electrónica como medida de control para garantizar el cumplimiento de la pena, argumentando su eficacia. El juez Diego Barroetaveña destacó que este dispositivo permite un cumplimiento “cualitativamente mejor” que la prisión tradicional. Lo que evitaría la “estigmatización” de los condenados, según informó el diario La Nación. Además, defendió que las restricciones de visitas son una “mínima precaución” para proteger la seguridad de Fernández y asegurar el cumplimiento de la condena.
En cuanto a las visitas, Barroetaveña señaló que no se ha rechazado ninguna solicitud hasta la fecha, incluyendo la autorización para recibir al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El magistrado calificó el planteo de la defensa como “conjetural”, argumentando que las normas actuales no limitan significativamente los derechos de la expresidenta.
Postura de la defensa de Fernández
La defensa de Fernández argumenta que la custodia policial permanente en su domicilio hace innecesaria la tobillera electrónica, ya que no existe riesgo de fuga. Además, sostiene que las restricciones de visitas afectan su vida familiar y social, dificultando reuniones con asesores, contadores y allegados. El recurso también incluye la recusación de los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, solicitando que el caso sea resuelto por conjueces.
El caso Vialidad, que resultó en la condena de Fernández, se centra en la presunta asignación irregular de obras viales millonarias a un empresario cercano durante sus gobiernos (2007-2015). La sentencia, confirmada por la Corte Suprema en junio de 2025, incluye una inhabilitación perpetua para cargos públicos y una orden de devolver 685.000 millones de pesos, según peritos contables. Fernández niega los cargos y denuncia una persecución política y judicial.
Resoluciones judiciales y Perspectivas
Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, de la Cámara de Casación, respaldaron las medidas de control. Ambas autoridades argumentan que son necesarias para “restituir el orden quebrantado”, según Hornos. Sin embargo, el juez Mariano Borinsky expresó disidencia, cuestionando la obligatoriedad de la tobillera y las restricciones de visitas por considerarlas contrarias a normas constitucionales.
La Cámara de Casación deberá ahora decidir si concede el recurso extraordinario. De no hacerlo, la defensa podrá presentar una queja directa ante la Corte Suprema. Este proceso judicial podría establecer un precedente en el tratamiento de figuras públicas bajo arresto domiciliario en Argentina.
