El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Comercio iniciar el desarrollo de un nuevo censo nacional que excluya a los inmigrantes que residan ilegalmente en el país.
Según explicó el mandatario, esta iniciativa busca una medición más precisa de la población, dejando fuera a quienes no cuentan con estatus legal. Trump afirmó: “Las personas que están en nuestro país ilegalmente NO SERÁN CONTADAS EN EL CENSO”. Esta medida implica un cambio histórico en la forma en que se realiza el conteo de habitantes desde 1790.
El censo nacional en Estados Unidos determina la redistribución de escaños en la Cámara de Representantes y la asignación de fondos federales, por lo que la exclusión de inmigrantes ilegales podría modificar la representación política y la distribución económica en el país. Tradicionalmente, el conteo incluye a todos los residentes sin importar su estatus migratorio y el próximo censo está previsto para 2030. Los resultados oficiales se revelarán en 2031, afectando la configuración de los distritos congresionales.
Impacto del nuevo censo y antecedentes legales
El anuncio de Trump reaviva un intento anterior de excluir a inmigrantes irregulares en 2020 mediante una pregunta sobre ciudadanía, esfuerzo que la Corte Suprema detuvo al considerar la medida “aparentemente artificiosa”.
La administración Biden recuperó la práctica de contar a todos los residentes en el censo, sin importar su situación migratoria. Esta nueva directiva podría enfrentar de nuevo problemas legales pero llega en un contexto donde una mayoría conservadora en tribunales podría facilitar su aprobación.
El censo nacional que ahora impulsa Trump afectaría a aproximadamente 11 millones de indocumentados, incluyendo unos 4 millones de mexicanos y más de 7 millones de latinoamericanos, según el Pew Research Center.
Estados como California, Texas y Florida, donde se concentra gran parte de esta población, serían los más impactados en la representación y asignación de recursos. El cambio pretende además evitar que estados con mayor número de inmigrantes irrregulares obtengan una ventaja en el equilibrio político.
Críticas a Donald Trump y consideraciones técnicas
La Unión Americana de Libertades Civiles ha rechazado la medida de Donald Trump, alertando que la Constitución exige contar a todas las personas residentes. Sophia Lin Lakin, directora del proyecto de derechos electorales de la ACLU, aseguró que “nadie debería ser borrado del censo”.
Por otro lado, el proceso del censo nacional requiere una infraestructura considerable: la Oficina del Censo invirtió 13.700 millones de dólares en el conteo de 2020.
Con la planificación del censo nacional de 2030 en marcha, especialistas en demografía advierten que excluir a inmigrantes ilegales alteraría significativamente la representación política y la distribución de fondos federales durante la próxima década.
Es así que este cambio no sólo afecta aspectos técnicos del conteo poblacional sino que también tendrá impactos sociales y políticos trascendentales.
