En el ejercicio fiscal 2025, Ecuador opera bajo un presupuesto prorrogado, en consonancia con las disposiciones constitucionales y gran parte de este se destina a cubrir salarios de funcionarios públicos. El monto total considerado asciende a 36,063.02 millones de dólares, cifra que corresponde a la suma prevista para ingresos estatales en este año fiscal, de acuerdo con el informe técnico presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Cabe señalar que, entre las particularidades del año en curso, el Gobierno ha iniciado un proceso de reducción de personal en varias instituciones públicas, con despidos reportados desde el jueves 24 de julio de 2025. Esta medida se enmarca en la gestión financiera orientada a optimizar la utilización de recursos, y afecta a diferentes organismos de la administración central y descentralizada.
La estructura de ingresos para el presupuesto 2025 contempla el predominio de los ingresos corrientes, principalmente tributarios, que representan el 57.20% del total. Los ingresos de financiamiento suman el 28.93%, y los de capital alcanzan el 13.87%. Estos fondos garantizan la continuidad de servicios públicos y las obligaciones económicas del Estado, incluyendo la cobertura salarial del personal público en funciones.
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Funcionarios públicos: la masa salarial en el presupuesto general del Estado
Del total presupuestado para 2025, los egresos en personal —es decir, el pago de sueldos y salarios de funcionarios públicos— están fijados en 9,654.77 millones de dólares. Esto equivale al 26.78% del presupuesto general. Esta asignación cubre diferentes áreas, como educación, salud, fuerzas del orden, docentes universitarios y otros servidores estatales. Además incluye pagos por horas extraordinarias, encargos y liquidaciones diversas.
Dentro del panorama actual, la reducción de partidas laborales implicará ajustes en la ejecución presupuestaria de los egresos en personal. Pero las cifras presentadas corresponden al presupuesto establecido para 2025 antes de los recientes recortes de plazas. El Gobierno mantiene la responsabilidad de cubrir los pagos a quienes ejercen como funcionarios públicos.
La distribución de los recursos estatales revela que, tras la masa salarial, las transferencias corrientes —incluyendo pensiones y otras prestaciones sociales— suman 4,786.61 millones de dólares. El resto de los egresos corrientes se destina a bienes y servicios de consumo, egresos financieros y pagos complementarios para el funcionamiento institucional.
Asignación y control sobre la remuneración pública
La determinación de fondos para funcionarios públicos proviene de normativas legales y reglamentarias. Estos garantizando la aplicación y ejecución de pagos conforme a los procedimientos del Ministerio de Economía y Finanzas. El presupuesto busca sostener las actividades esenciales del Estado y asegurar la regularidad en la remuneración del personal, aun en escenarios de reforma laboral o restructuración.
La continuidad del presupuesto prorrogado permite mantener la operatividad institucional bajo los montos determinados hasta la aprobación de una nueva proforma. Así, la partida de remuneraciones permanece como un componente prioritario en la planificación estatal, aunque sujeto a modificaciones conforme avancen las medidas administrativas recientes.
Despidos podrían motivar cambios en el presupuesto
El presupuesto general del Estado 2025 expone que el pago de salarios a funcionarios públicos constituye el principal rubro del gasto estatal, con una asignación que supera el 26% del monto total. Los despidos iniciados el 24 de julio de 2025 integran un proceso de ajuste en el sector público, lo que podría derivar en cambios en la distribución real del presupuesto durante el año. No obstante, la previsión original resalta el peso del personal en la provisión de servicios públicos y el papel de los funcionarios públicos en la actividad nacional.
