Entre enero de 2024 y mayo de 2025, 3.386 menores de edad fueron detenidos en Ecuador por su presunta vinculación al crimen organizado, según el Ministerio del Interior. La Asamblea Nacional tramita la Ley de Integridad Pública en Quito para que menores que cometan delitos graves enfrenten penas de adultos, en el contexto del conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa contra bandas terroristas.
Conflicto armado interno: cifras alarmantes de detenciones
Desde la declaratoria del conflicto armado interno el 9 de enero de 2024, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han detenido a 3.386 menores en operativos contra el crimen organizado. De estos, 683 fueron capturados con armas de fuego, incluyendo 513 con pistolas o revólveres, 19 con ametralladoras y 30 con fusiles, según la Subsecretaría de Estudios y Estadística de la Seguridad.
Las detenciones se concentran en cinco provincias: Guayas (898), Pichincha (437), El Oro (263), Los Ríos (241) y Manabí (239). Esmeraldas, con 236 menores capturados, pasó de ser la tercera provincia con más detenciones en 2023 a la sexta en 2025.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) reportó que, hasta mayo de 2025, 481 menores están privados de libertad, frente a 373 en enero de 2024.
Reclutamiento de menores por bandas
El informe Doble criminalización en cantones de “alta peligrosidad” en Ecuador de Katherine Herrera, especialista en seguridad pública, señala que las bandas aprovechan la vulnerabilidad de los menores porque son manipulables, acatan órdenes sin cuestionar, tienen bajo perfil y enfrentan menos riesgos de detención que los adultos. Además, algunos son coaccionados con amenazas para unirse y permanecer en las bandas.
El reporte Estrategia Emergente para la Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio del Interior, publicado en febrero de 2025, indica que las bandas reclutan a niños desde los 10 años en escuelas, disputando el control de estos espacios como lo hacen con territorios para el narcotráfico.
Harold Burbano, ministro de Inclusión Económica y Social, destacó en una entrevista con EFE que Orellana es un nuevo epicentro de reclutamiento, impulsado por la minería ilegal y la presencia de disidencias de las FARC.
Respuestas gubernamentales ante el conflicto armado interno
El Gobierno de Daniel Noboa creó, mediante Decreto Ejecutivo del 5 de junio de 2025, un comité con 17 instituciones para diseñar un plan nacional contra el reclutamiento de menores, priorizando la prevención en zonas críticas. 20.000 familias viven en áreas de alta intensidad del conflicto, aumentando la vulnerabilidad de sus hijos al reclutamiento.
Paralelamente, la Ley de Integridad Pública, en trámite en la Asamblea Nacional, propone que menores que cometan delitos graves, como asesinatos o extorsiones, reciban penas equivalentes a las de adultos, generando debate sobre la justicia juvenil.
En 2024, aunque las detenciones de menores disminuyeron respecto a 2023, los delitos graves como tráfico de drogas, secuestros, extorsiones, terrorismo y asesinatos involucraron más a este grupo etario, según datos oficiales.
