Priscila Schettini, asambleísta electa por la Revolución Ciudadana (RC5), no pudo posesionarse en la Asamblea Nacional tras la resolución emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que le suspendió sus derechos políticos por tres años. La sanción responde a un caso de violencia política de género contra la fiscal general Diana Salazar. En su lugar, su suplente, Santiago Díaz, asumió el cargo como asambleísta principal.
El 9 de mayo el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó las credenciales a los asambleístas nacionales electos en una ceremonia a la que Schettini no asistió. Posteriormente, la exasambleísta electa retiró su credencial y publicó una fotografía en la Asamblea Nacional en sus redes , agradeciendo a sus votantes y asegurando que continuará “peleando” por sus derechos.
Sanción del TCE
En junio de 2024, el TCE sentenció a Schettini y a la abogada Angélica Porras por violencia política de género contra Diana Salazar. La resolución, ratificada el 9 de mayo de 2025, estableció la pérdida de los derechos políticos de Schettini por tres años y una multa de USD 22.500. La fiscal Salazar hizo referencia a la sentencia en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, destacando la gravedad de los actos cometidos por Schettini.
La violencia política de género, según la legislación ecuatoriana, incluye acciones que busquen menoscabar los derechos políticos de una persona por motivos de género. Este caso marca un precedente en la aplicación de sanciones por este tipo de conductas en el ámbito político del país.
Consecuencias tras pérdida de derechos
Tras la decisión del TCE, Santiago Díaz, suplente de Schettini, asumió la responsabilidad de representar a los votantes de RC5 en la Asamblea Nacional. Díaz expresó su compromiso de trabajar por los intereses de la ciudadanía, aunque no hizo comentarios directos sobre el caso de Schettini.
Por su parte, Schettini, a través de sus redes sociales, insistió en su inocencia y anunció que emprenderá acciones legales para revertir la sanción. Sin embargo, la resolución del TCE es de última instancia, lo que limita las posibilidades de apelación dentro del sistema electoral ecuatoriano.
Impacto en el panorama político
La inhabilitación de Schettini genera un nuevo capítulo en las tensiones entre la Revolución Ciudadana y las instituciones estatales, como el TCE y la Fiscalía. RC5, movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, ha cuestionado en el pasado decisiones judiciales que afectan a sus miembros, argumentando una supuesta persecución política. No obstante, en este caso, el TCE fundamentó su fallo en pruebas de violencia de género.
La sanción también pone en el centro del debate la importancia de la ética en la política y el respeto a los derechos de género. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han aplaudido la decisión del TCE, considerándola un paso hacia la erradicación de la violencia política en el país.
Suspensión de derechos
El proceso contra Schettini se originó tras una denuncia presentada por la fiscal Salazar, quien argumentó que las declaraciones y acciones de Schettini buscaban deslegitimar su labor y atacar su integridad por motivos de género. La sentencia de junio de 2024 incluyó a Angélica Porras, quien también fue sancionada por su participación en los hechos. La suspensión de los derechos políticos implica que Schettini no podrá postularse ni ocupar cargos públicos hasta mayo de 2028.
