La Arquidiócesis de Portoviejo recordó la expulsión del estado clerical de un exsacerdote acusado de supuesto “abuso con menores”, tras un proceso canónico que data desde 2018. La decisión, confirmada por el Vaticano en enero de 2023, está actualmente en etapa de apelación.

El documento recalca que “la Iglesia Católica rechaza y condena todo tipo de abuso, en especial contra menores y personas vulnerables”.  También reseña que el acusado, Reynaldo Noé F. V., apeló la sentencia que lo separó del sacerdocio, y hasta el momento la Santa Sede tiene en sus manos la decisión final.

Contexto del caso y la apelación

La Arquidiócesis de Portoviejo se pronunció mediante un comunicado con fecha del 8 de septiembre de 2025.

Algunos detalles clave del hecho:

• Proceso iniciado en: 2018, tras la primera denuncia por presunto abuso con menores.

• Sanción impuesta: expulsión del estado clerical, confirmada en enero de 2023 por la Santa Sede.

• Situación actual: apelación presentada por el acusado y en trámite ante la Santa Sede.

• Posición oficial de la Iglesia: rechazo y condena absoluta a todo tipo de abuso, especialmente contra los más vulnerables.

• No hay denuncias judiciales: En las páginas web del sistema de justicia (Fiscalía y Consejo de la Judicatura) no aparece ninguna acusación contra Reynaldo F. V.

No es la única denuncia por presunto abuso infantil

En las últimas décadas, la Iglesia Católica ha enfrentado un escrutinio sin precedentes por los casos denunciados de posibles abusos cometidos por sacerdotes contra menores y personas vulnerables. Estos delitos, denunciados en diferentes continentes, revelaron una práctica sistemática de encubrimiento dentro de estructuras eclesiásticas que priorizaron la reputación institucional por encima de la protección de las víctimas. En Ecuador, aunque los reportes han sido menos numerosos que en países como Estados Unidos, Irlanda o Chile, en los últimos años han salido a la luz procesos canónicos y judiciales que ponen en evidencia la magnitud del problema.

El patrón suele repetirse: denuncias tardías, víctimas que durante años permanecieron en silencio por miedo o presión social, y procedimientos internos que terminaban en traslados de sacerdotes en lugar de sanciones efectivas. Casos como los de César Cordero Moscoso en Cuenca o Luis Fernando Intriago Páez en Guayaquil marcaron un antes y un después en el país. Demostraron que los abusos no eran hechos aislados, sino parte de un sistema que carecía de mecanismos de control y transparencia. Ambos terminaron expulsados del estado clerical por decisión del Vaticano, aunque en el ámbito penal las sanciones fueron limitadas o inexistentes.

El caso de Olón, en Santa Elena

En los últimos años, la Fiscalía General del Estado ha informado que existen investigaciones abiertas contra varios clérigos en distintas provincias. En 2025 reconoció al menos 11 casos activos de abuso clerical. El más reciente involucró a un sacerdote de Olón (suspendido), en Santa Elena, sorprendido con tres adolescentes en circunstancias que ciudadanos califican como “sospechosas”. Estos hechos han provocado que organizaciones de derechos humanos, colectivos de víctimas y sectores sociales reclamen mayor firmeza en la actuación tanto de la justicia ordinaria como de la Iglesia.

El Vaticano, por su parte, ha endurecido las sanciones desde 2019 con normas más estrictas para el manejo de denuncias. En Ecuador, la Conferencia Episcopal y diversas diócesis han implementado protocolos de prevención y acompañamiento. Sin embargo, persisten críticas por la falta de transparencia en la publicación de estadísticas y nombres de acusados. El desafío actual es garantizar que los procesos canónicos no sustituyan la acción judicial del Estado, y que las víctimas tengan acceso real a justicia, reparación y protección, evitando que los abusos vuelvan a repetirse bajo el amparo de la impunidad.