La Fiscalía General del Estado inició un proceso contra once personas acusadas de formar parte de una red de delincuencia organizada dedicada a la estafa, captación ilegal de dinero y testaferrismo. Este grupo, que operaba en Guayaquil y Quito, habría perjudicado a cerca de 80 personas con pérdidas que superan los 300.000 dólares, mediante la falsa promesa de venta de vehículos de alta gama, maquinaria pesada y bienes raíces.

Las detenciones se llevaron a cabo en operativos simultáneos durante la madrugada del miércoles 26 de marzo en ambas ciudades, tras una investigación iniciada el 1 de diciembre de 2023 por la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot-G). Esta pesquisa comenzó luego de que decenas de víctimas denunciaran a una empresa que ofrecía precios muy por debajo del mercado y entregas rápidas, pero que nunca cumplió con lo pactado.

Según las investigaciones, los sospechosos atraían a sus víctimas con ofertas tentadoras, solicitando depósitos iniciales y pagos mensuales. Sin embargo, cuando los afectados intentaban cancelar los acuerdos o reclamar su dinero, se topaban con negativas, lo que desencadenó protestas frente a las oficinas de la compañía.

Allanamientos y evidencias

La Fiscalía obtuvo una orden judicial para detener a doce personas con fines investigativos. Durante los allanamientos en Guayaquil y Quito, se incautaron un vehículo, doce celulares, dos laptops, una tablet y documentos clave relacionados con el caso. Estos elementos fortalecen la acusación contra los procesados.

En la audiencia de formulación de cargos, realizada en la madrugada del 27 de marzo, el fiscal presentó pruebas contundentes: partes informativos y de detención, testimonios de los agentes, denuncias de las víctimas, comprobantes de depósitos, informes de la Superintendencia de Compañías  que identifican a los sospechosos como representantes legales y accionistas de la empresa y reportes del reconocimiento de los lugares de los hechos.

Resolución judicial

El juez de flagrancia acogió parcialmente el pedido de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva para siete de los implicados: Luis Fernando M. R., Luis Alfredo V. V., Joao Rafael C. Z., Jonathan Alexis G. A., Jennifer Denisse M. G., Josber José L. H. y Víctor Alexander J. O. En el caso de Josber José L. H., quien se encontraba recién operado, fue trasladado a una casa asistencial; una vez recuperado, será llevado a la Penitenciaría del Litoral.

Para los otros cuatro procesados Carmen Elizabeth O. M., Erick Alexander C. P., Eder Leandro B. B. y Sara Belén C. M., se dictaron medidas cautelares: prohibición de salida del país y presentación periódica cada ocho días ante el fiscal a cargo. La instrucción fiscal se extenderá por 90 días.

La Fiscalía fundamenta este caso en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica la delincuencia organizada y establece una pena de 22 a 26 años de prisión.