Doce personas arrestadas en Otavalo durante las protestas del paro nacional fueron trasladadas a la cárcel de Esmeraldas, una de las más violentas del país. Esto generó críticas contra el gobierno del presidente Daniel Noboa.
Críticas al traslado de detenidos a cárcel de alta peligrosidad
El abogado y militante de izquierda Mauro Andino Espinoza rechazó con firmeza la medida. “Hay que ser bien miserable y ruin, para enviar a cárceles de alta peligrosidad a seres humanos por el simple hecho de protestar”, expresó.
El jurista añadió que la decisión no es “ni proporcional ni racional”. “Incluso, aunque alguno hubiera cometido un delito, no cabe enviarlos a esos centros de tortura y desmembramiento”, advirtió.
Andino recordó que “ninguno tiene sentencia en firme” y lanzó una crítica velada al círculo empresarial del presidente. “Los evasores de impuestos son más peligrosos que ellos para nuestra sociedad”, señaló, en alusión a los litigios de la familia Noboa con el Estado ecuatoriano.
La Conaie denuncia persecución a la protesta social
La Conaie también se pronunció y responsabilizó al Ejecutivo de la represión contra comunidades kichwas. “Denunciamos la violencia estatal y responsabilizamos al gobierno de Daniel Noboa por estas agresiones contra comunidades que ejercen su derecho a la resistencia”, indicó.
Según la organización indígena, en la parroquia La Esperanza, en Imbabura, “militares irrumpieron con bombas lacrimógenas y granadas”.
El movimiento indígena exige la derogación del Decreto Ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel, incrementando su precio de 1,80 a 2,80 dólares. También pide el fin de la criminalización de la protesta social; y el respeto a la independencia de funciones, en referencia a la Corte Constitucional.
Detenidos en las movilizaciones en Ecuador
Las manifestaciones contra el alza del combustible se concentran en Otavalo, Ibarra, Quito, Tungurahua y varias zonas de la Amazonía. El detonante fue la eliminación del subsidio al diésel, medida con la que el Gobierno busca reducir el déficit fiscal.
El paro nacional, impulsado por organizaciones indígenas y sociales, mantiene bloqueadas carreteras y paralizadas varias actividades productivas en esas zonas. En este escenario, la decisión de enviar a los detenidos a una prisión con antecedentes de masacres carcelarias aumentó la tensión política.
Para Andino, la medida refleja una estrategia de Estado. “Lo que hace el Gobierno se llama barbarie y venganza. Usan el terror como política de Estado para disuadir los distintos malestares expresados por el pueblo”, sostuvo.
Otra de las voces críticas al traslado de los detenidos
El abogado Ramiro García dice que “hay mucha presión sobre la Fiscalía de Ecuador para que inicie acciones penales en contra de los dirigentes de las movilizaciones y líderes sociales”.
García agregó que “pretenden criminalizar la protesta social como en las peores épocas del Correísmo”.
Juristas y colectivos sociales cuestionan que ciudadanos sin sentencia, detenidos en el marco de protestas sociales, sean enviados a un centro de este perfil, donde esta misma semana hubo una masacre a detenidos. Además, que se los aleje de sus hogares y del lugar donde deben ser juzgados.
Además, el medio digital indígena Wambra, aseguró que La Fiscalía abrió una investigación previa por el presunto delito de “enriquecimiento privado no justificado” contra 58 personas, entre ellas Marlon Vargas, actual presidente de Conaie.
Este viernes 26 de septiembre del 2025 grupos sociales se manifiestan en los exteriores de la Fiscalía General del Estado en Quito. Los ciudadanos solicitaron la liberación de los detenidos en las manifestaciones del paro nacional convocado por la Conaie, especialmente de Imbabura.
