Un tribunal penal de Pichincha sentenció este lunes 29 de diciembre a Christian Eduardo M. F. a 40 años de prisión. Se trata de la pena máxima agravada, por el asesinato de su prima política y el esposo de esta en el sector Fajardo, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. La Fiscalía General del Estado (FGE) demostró que el móvil del crimen resultó ser económico, tras una transferencia de 14.800 dólares realizada por una de las víctimas al sentenciado.
Los hechos ocurrieron hace aproximadamente un año, cuando a la pareja la encontraron sin vida en su domicilio. Las autopsias revelaron que las víctimas murieron por múltiples golpes contusos en la cabeza, propinados con un martillo. Los golpes los hizo por la parte posterior y los realizó una persona diestra. En la escena del crimen se halló un cuchillo, que según pericias fue dejado intencionalmente para simular un femicidio.
Tribunal emitió la sentencioa máxima
Videos de cámaras de seguridad corroboraron que Christian Eduardo M. F. fue la última persona vista con las víctimas antes de su muerte. Además, se evidenció el traslado de los cuerpos y signos de arrastre en el lugar. La sentencia se basó en el artículo 140, numerales 6 y 7 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con agravantes del artículo 47, numerales 7 y 14, por alevosía y motivación económica.
Este caso se enmarca en el contexto de violencia creciente en Ecuador, que en 2025 registró más de 8.800 homicidios intencionales hasta diciembre. Según datos de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, este año se ha convertido en el más violento de la historia reciente del país. La tasa de homicidios supera los 50 por cada 100 mil habitantes, impulsada por disputas entre organizaciones criminales, aunque casos como este destacan motivaciones personales y económicas.
El proceso judicial incluyó exhumación de cuerpos
En Pichincha, provincia donde ocurrió el crimen, se concentran cientos de muertes violentas anuales. Se registra un incremento notable en zonas suburbanas como el Valle de los Chillos, que incluye Rumiñahui. La Fiscalía enfatizó la importancia de pruebas periciales, testimoniales y documentales para lograr la condena máxima. El proceso judicial incluyó exhumación de cuerpos para confirmar la causa de muerte y descartar otras hipótesis.
Las autoridades destacaron que el sentenciado utilizó el dinero transferido para cubrir deudas personales.Organizaciones civiles y expertos en seguridad señalan que la fragmentación de grupos delictivos ha contribuido al alza de violencia, aunque crímenes familiares como este persisten. La sentencia representa un precedente en la aplicación de agravantes para delitos de asesinato con planificación.
