La Policía, a través de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE) en Manabí, ejecutó el operativo "Libertad 235" en Manta y Montecristi, tras una denuncia por presunto secuestro extorsivo que derivó en la aprehensión de una mujer y el aislamiento de dos adolescentes, al confirmarse que se trataba de una simulación.

Los detenidos exigían 2.000 dólares para la presunta liberación

El procedimiento se activó luego de que familiares denunciaran la supuesta retención de una joven, por cuya liberación se exigían 2.000 dólares. La alerta movilizó a las unidades especializadas, que desarrollaron diligencias investigativas y técnicas en el sector San Pedro, en Manta, y en el barrio Los Geranios, en Montecristi.

En rueda de prensa, el general Fausto Íñiguez Sotomayor, subcomandante nacional de la Policía, informó que las investigaciones permitieron determinar que el hecho correspondía a un autosecuestro planificado.

Como resultado fue aprehendida Andrea Rocío S.P., de 22 años. Asimismo, se dispuso el aislamiento de los adolescentes M.A.A.S. y A.E.A.S., ambos de 15 años. Según datos oficiales, todos son ecuatorianos y no registran antecedentes penales.

Mecanismo de la simulación

De acuerdo con la autoridad policial, la joven habría simulado su propio secuestro con la presunta colaboración de sus primos menores de edad. Durante el proceso, se realizaron llamadas y coordinaciones para exigir el pago a sus familiares.

Las investigaciones revelaron que los adolescentes utilizaban una cuenta bancaria perteneciente a una persona con discapacidad para recibir el dinero solicitado, lo que formaba parte del mecanismo diseñado para aparentar veracidad.

La intervención oportuna de la UNASE permitió identificar inconsistencias en la versión inicial y confirmar que no existía una retención real. Los implicados fueron puestos a órdenes de la autoridad judicial competente para la audiencia respectiva.

Contexto y consecuencias legales

El delito de simulación de secuestro está tipificado en la normativa penal ecuatoriana y contempla penas privativas de libertad. Según lo indicado por la Policía, los procesados podrían enfrentar sanciones de entre dos y cuatro años, dependiendo de la valoración judicial del caso.

La UNASE mantiene protocolos especializados para la atención inmediata de denuncias de secuestro y extorsión, delitos que han generado alta sensibilidad social en el país en los últimos años. La institución reiteró que toda alerta es tratada con prioridad para proteger la integridad de las personas.

Las autoridades subrayaron que el proceso se desarrolla bajo el principio de presunción de inocencia y que será la justicia la que determine responsabilidades. El operativo "Libertad 235" evidenció la capacidad de respuesta técnica frente a denuncias complejas y reforzó el llamado a la ciudadanía a evitar denuncias falsas que movilizan recursos humanos y logísticos del Estado. (45)