El alcalde de Machala, Darío Macas, fue detenido este 6 de julio de 2026 durante un operativo desarrollado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional dentro de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
En la intervención también fueron aprehendidas otras dos personas, según confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.
Además, indicó que las investigaciones contaron con el respaldo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entidad que habría identificado un incremento patrimonial presuntamente relacionado con empresas familiares, varias de ellas catalogadas como compañías fantasma, así como con dependencias administrativas del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Machala.
Investigación permanece en desarrollo
Hasta el momento la Fiscalía no ha informado sobre la formulación de cargos ni había revelado mayores detalles sobre los elementos recopilados durante la investigación.
Tampoco se conocen las identidades de las otras dos personas detenidas en el operativo.
Darío Macas asumió la Alcaldía de Machala tras ganar las elecciones seccionales de 2019. Posteriormente, en 2023, fue reelegido para un nuevo período mediante una alianza entre los movimientos PLAN y Revolución Ciudadana.
En las últimas semanas también enfrentó un proceso en el Tribunal Contencioso Electoral, luego de que un juez admitiera a trámite una denuncia por una presunta infracción electoral relacionada con supuestos actos de campaña anticipada en Arenillas.
Antecedentes de procesos por enriquecimiento ilícito
La detención ocurre en un momento en el que las autoridades han intensificado las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito contra funcionarios y exservidores públicos.
Durante 2026, la Fiscalía ha impulsado varios procesos de este tipo sustentados en análisis patrimoniales, financieros y tributarios realizados junto con otras instituciones del Estado.
El delito de enriquecimiento ilícito, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), sanciona a los servidores públicos que no puedan justificar legalmente un incremento de su patrimonio durante el ejercicio de sus funciones.
