Una sentencia de 22 años de prisión fue dictada contra Luis Marcelo S. M., declarado culpable del delito de violación agravada en perjuicio de una niña de 10 años.

El fallo fue emitido por un Tribunal de Garantías Penales tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, en un caso ocurrido en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, entre 2013 y 2014.

La resolución judicial también establece el pago de una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados, así como una reparación integral de 10.000 dólares a favor de la víctima. Además, se dispuso que la menor reciba atención psicológica a través de una entidad pública competente.

Hechos y contexto del caso

De acuerdo con la investigación liderada por la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, el sentenciado tenía bajo su cuidado a la niña, quien era su nieta. Según la acusación, aprovechaba momentos en los que la menor se encontraba sola para cometer las agresiones dentro de un inmueble ubicado en la parroquia Conocoto.

Tras los hechos, el procesado habría solicitado a la víctima que no revelara lo ocurrido. Sin embargo, en 2021, la menor contó lo sucedido a sus padres, quienes presentaron la denuncia ante las autoridades competentes, lo que permitió el inicio del proceso judicial.

Pruebas y fundamentos legales

Durante la audiencia de juicio, la Fiscalía expuso varios elementos probatorios que fueron valorados por el Tribunal. Entre ellos constan el testimonio anticipado de la víctima, las declaraciones de los agentes que intervinieron en el caso y de la madre de la menor, así como el examen médico-legal y la evaluación psicológica practicada.

También se incorporó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, lo que contribuyó a sustentar la acusación. Con base en estas evidencias, el Tribunal determinó la responsabilidad del procesado como autor directo del delito de violación. 

El caso fue procesado conforme al artículo 171, inciso primero, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona la violación cuando la víctima es menor de 14 años con penas de entre 19 y 22 años de privación de libertad. Asimismo, se aplicó una agravante contemplada en el artículo 48 del mismo cuerpo legal, lo que incidió en la imposición de la pena máxima.