El Tribunal de Garantías Penales condenó a Darwin Marcelo S. V., a cinco años de prisión como autor del delito de estafa. Además, deberá devolver los 27.000 dólares obtenidos mediante engaños a la víctima y pagar una multa equivalente a doce salarios básicos unificados. La Fiscalía General del Estado demostró su responsabilidad tras una investigación iniciada por denuncia de la afectada.
La víctima entregó el dinero como anticipo para la compra de una vivienda ubicada en el sector Las Acacias de Riobamba. Entre julio y septiembre de 2018, Darwin Marcelo S. V., recibió 27.000 dólares en efectivo, como parte de un acuerdo por un valor total de 90.000 dólares.
El sentenciado ofertó el inmueble pese a no ser de su propiedad.Al no concretarse la entrega del bien, la afectada acudió junto con sus hijos a verificar el estado de la propiedad. En el lugar constató que la vivienda ya era habitada por sus legítimos propietarios, descubriendo el engaño.
Pruebas en el juicio
En la audiencia de juzgamiento, la Fiscal de la Unidad de Patrimonio Ciudadano No. 2 sustentó la acusación con múltiples elementos de convicción. Entre ellos destacan: el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, el certificado de datos de identificación del procesado, el informe de movimientos bancarios de la víctima, el testimonio de la perjudicada y otras pruebas incorporadas al proceso.
Casos de estafa inmobiliaria son recurrentes en varias ciudades del Ecuador, donde personas inescrupulosas ofertan propiedades que no les pertenecen o que no tienen autorización para vender.
Casos de estafa
Riobamba no ha sido ajena a este tipo de delitos, que generan importantes perjuicios económicos a familias que buscan adquirir vivienda propia. La Unidad de Patrimonio Ciudadano de la Fiscalía ha fortalecido las investigaciones en este ámbito, priorizando la protección de las víctimas y la recuperación de los bienes obtenidos ilícitamente.
La sentencia contra Darwin Marcelo S. V. constituye un precedente importante en la lucha contra este tipo de fraudes.
a condena integra la reparación integral a la víctima mediante la devolución del dinero y el pago de la multa. Este resultado judicial refuerza la confianza en las instituciones y desincentiva prácticas fraudulentas en transacciones inmobiliarias. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a verificar la documentación y propiedad de los inmuebles antes de realizar pagos.
