Un cruce de pronunciamientos entre autoridades se generó en Santo Domingo, tras declaraciones sobre detenciones, procesos penales y supuesta corrupción, que motivaron pedidos formales de aclaración.
Santo Domingo y las declaraciones que encendieron la polémica
La asambleísta Viviana Veloz afirmó que ha enviado requerimientos de información al Gobernador de la provincia sobre temas de inseguridad y hechos violentos que sacuden a la provincia Tsáchila. Sin embargo, señaló que no ha recibido respuestas oficiales hasta el momento.
Veloz indicó que recibió una llamada extraoficial del Gobernador, Miguel Quezada. Según su versión, el funcionario aseguró que el bloque de seguridad está trabajando y que realizó cerca de mil detenciones.
Añadió que, de ese total, apenas el cinco por ciento estaría siendo procesado. El resto, dijo, habría quedado en libertad tras las audiencias judiciales.
Santo Domingo: pedidos de individualización y denuncias formales
La legisladora sostuvo que preguntó quiénes eran los jueces y fiscales responsables. Según relató, la respuesta fue que “todos” serían corruptos. Ante ello, Veloz señaló que ha ingresado oficios para que se indique quiénes serían ya que lo correcto es presentar denuncias.
Respuesta del sistema judicial en Santo Domingo
El presidente de la Corte Provincial, Iván León Rodríguez, se pronunció sobre el tema. Indicó que las expresiones atribuidas al Gobernador causaron preocupación institucional. Señaló que afirmar que todos los jueces y fiscales son corruptos desacredita a la Función Judicial. Advirtió que estos discursos afectan la confianza ciudadana.
Rodríguez recordó que el artículo 168 de la Constitución garantiza la independencia judicial. Además, prohíbe interferencias de otras funciones del Estado.
Rodríguez informó que mantuvo comunicación directa con el Gobernador. Según dijo, este habría señalado que sus expresiones fueron sacadas de contexto.
También indicó que el Gobernador se comprometió a aclarar el tema públicamente. Incluso, mencionó la posibilidad de ofrecer disculpas. Hasta el cierre de esta nota, Santo Domingo aguardaba un pronunciamiento oficial.
Carga procesal y limitaciones estructurales
El titular de la Corte explicó que existe una alta carga procesal. Actualmente, la Corte Provincial opera con cuatro jueces. Según indicó, lo ideal sería contar con al menos siete magistrados. El nombramiento, aclaró, no depende de la Corte local.
Añadió que los operadores de justicia enfrentan riesgos personales. Aun así, aseguró que la mayoría cumple su trabajo con responsabilidad.
Contexto institucional y espera de pronunciamiento
Las autoridades judiciales insistieron en la necesidad de denuncias formales y precisas. El debate reabrió la discusión sobre seguridad, justicia y coordinación institucional.
