La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra el policía Everson Jardel C. L. por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, tras un hecho ocurrido el 4 de junio de 2025 en el sector de Guamaní, al sur de Quito, donde un adolescente de 17 años resultó herido por disparos durante un operativo policial. La investigación se sustenta, según la institución, en más de 40 elementos de convicción.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Especializada en la Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza expuso que el adolescente se movilizaba en la motocicleta de su padre para realizar la entrega de doce fundas de melcochas, producto elaborado por su madre, cuyo valor ascendía a 150 dólares.
De acuerdo con la investigación de Fiscalía, el emprendimiento familiar generaba ingresos destinados al ahorro para financiar el curso preuniversitario del adolescente, quien tenía previsto rendir el examen de acceso a la educación superior pública.
Los hechos investigados
Según una de las versiones recopiladas durante la investigación, el adolescente decidió regresar a su domicilio al llegar al sector de Las Cuadras, luego de advertir la presencia de un operativo policial y percatarse de que no portaba los documentos de la motocicleta.
La Fiscalía sostiene que, en esas circunstancias, el policía presuntamente persiguió al adolescente y le disparó por la espalda con su arma de dotación. Como consecuencia, el joven sufrió heridas en el tórax y en la pierna izquierda.
El informe del perito médico legista incorporado al expediente determinó una incapacidad física de entre nueve y treinta días, producto de las lesiones sufridas.
Medidas cautelares y proceso judicial
Durante la audiencia, la representante de Fiscalía señaló que el uniformado habría incurrido en un uso ilegítimo, innecesario y desproporcionado de la fuerza, afirmación que forma parte de la hipótesis fiscal y será materia del proceso penal.
La Jueza de Garantías Penales acogió el pedido de formulación de cargos y dispuso como medidas cautelares la prohibición de salida del país y la presentación periódica del procesado ante la autoridad competente.
Asimismo, a solicitud de la Fiscalía, la magistrada ordenó medidas de protección a favor del adolescente y de su familia, mientras que la instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, período en el que se continuará recabando elementos para determinar las responsabilidades correspondientes.
Base legal de la investigación
La causa se investiga por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, tipificado en el artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concordancia con el artículo 152, numeral 2, del mismo cuerpo legal.
Hasta el momento, el proceso se encuentra en etapa de instrucción fiscal y no existe una sentencia condenatoria, por lo que la responsabilidad penal del procesado deberá ser determinada por la justicia conforme avance el procedimiento.
