En el norte de Ecuador, unidades de las Fuerzas Armadas iniciaron una intervención dirigida a desarticular estructuras vinculadas a la minería ilegal que operan en zonas apartadas.

La acción, denominada "Impacto", se desarrolla desde este lunes 22 de marzo en sectores de Buenos Aires, provincia de Imbabura, como parte de una estrategia para contener el avance de actividades ilícitas en áreas mineras.

El operativo es ejecutado por el Ejército Ecuatoriano en coordinación con otras unidades militares y se concentra en los sectores de El Verde, La Visera y El Cristal.

Según información oficial, el objetivo es afectar campamentos clandestinos, bocaminas y redes logísticas que sostienen estas actividades ilegales en la denominada zona minera norte, que abarca territorios de Carchi, Imbabura y áreas estratégicas de Esmeraldas.

Intervención en zonas alejadas

De acuerdo con los datos proporcionados, la operación se realiza en lugares distintos a los ya intervenidos en meses anteriores, donde aún se mantiene presencia militar.

Esto responde a un desplazamiento de grupos vinculados a la minería ilegal hacia sectores más remotos, tras operativos ejecutados desde octubre de 2025 en la parroquia Buenos Aires.

En esta nueva fase, se emplearon morteros de 81 milímetros, sistemas de lanzadores múltiples BM-21 y apoyo aéreo de la Aviación del Ejército.

Las acciones abarcaron aproximadamente 212 hectáreas, con el propósito de reducir la capacidad operativa de estas estructuras y limitar sus fuentes de financiamiento.

Antecedentes y continuidad de operativos

Las intervenciones se enmarcan en la fase denominada "Ofensiva Total", implementada por las Fuerzas Armadas para enfrentar economías ilegales.

En ese contexto, Buenos Aires ha sido identificada como un punto crítico debido a la expansión de la minería ilegal en los últimos años, lo que ha derivado en la instalación de campamentos y presencia de grupos armados organizados.

Desde 2019, esta zona ha sido objeto de múltiples operativos militares y policiales. En octubre de 2025, las Fuerzas Armadas reportaron la toma de varios sectores utilizados para actividades extractivas ilegales, lo que provocó el repliegue de estas estructuras hacia otros puntos de difícil acceso.