La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral retomó el análisis de la Ley Antimafias de Ecuador, proyecto que busca reforzar las capacidades institucionales frente al crimen organizado. Durante la sesión comparecieron representantes de la Policía Nacional, la Procuraduría General del Estado y del sector exportador para presentar observaciones que servirán en la elaboración del informe.
En esta etapa del debate, las instituciones expusieron propuestas para ampliar el alcance de la normativa. Además, plantearon ajustes relacionados con investigaciones penales, extinción de dominio, control logístico y herramientas jurídicas para enfrentar a las organizaciones delictivas.
Ley Antimafias de Ecuador: Policía propone ampliar reformas legales
La Policía Nacional presentó un paquete de 45 reformas dirigidas a distintos cuerpos legales. Según la institución, el proyecto actualmente modifica 14 artículos, aunque considera necesario incorporar más cambios para responder a la estructura y funcionamiento del crimen organizado en el país.
Al concluir la exposición, el director de la Academia de Ciencias Policiales, coronel Santa María, expresó: "Es necesario combatir al crimen organizado y, sobre todo, quitarles su herramienta: el poder económico. Hacia eso va destinada la orientación que tenemos como Policía Nacional".
Uno de los principales planteamientos consiste en ampliar el plazo de flagrancia. La Policía explicó que las actuales 24 horas resultan insuficientes para recopilar pruebas en investigaciones complejas con múltiples víctimas. Por ello, propuso extender ese periodo a 36 horas, tomando como referencia estándares internacionales.
El oficial también recordó un caso registrado en Nueva Prosperina, donde cuatro sospechosos recuperaron su libertad tras concluir el plazo legal sin completar la investigación. Sobre ese punto indicó: "Es necesario cambiar esto. No depende de la Policía, depende de todo el sistema estructural del Estado".
Cambios al delito de terrorismo y nuevas herramientas
Dentro de las observaciones para la Ley Antimafias de Ecuador, la Policía también propuso actualizar el delito de terrorismo. La institución sostuvo que las organizaciones criminales utilizan explosivos para generar temor y controlar territorios con objetivos económicos, por lo que considera necesario adaptar la legislación a esa realidad.
Durante la comparecencia, el expositor señaló: "El concepto tiene que evolucionar y justamente lo hemos actualizado a la realidad ecuatoriana". Además, planteó fortalecer las normas sobre allanamientos, precursores químicos, robo de hidrocarburos y la designación de jueces especializados en crimen organizado.
La Policía también expuso cifras sobre la economía criminal. Según los datos presentados, actividades como el narcotráfico, el robo de combustibles, las perforaciones a poliductos y el uso creciente de explosivos representan ingresos de miles de millones de dólares para las organizaciones delictivas.
En ese contexto, la institución solicitó respaldo jurídico para los agentes que actúan bajo la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza. Al mismo tiempo, pidió endurecer las sanciones contra policías y militares involucrados en actividades ilícitas.
El representante policial afirmó: "Así como pedimos respaldo, también pedimos sanciones más severas a los policías y militares que se vean inmersos en delitos de narcotráfico, minería ilegal, robo de combustibles y demás".
Procuraduría propone cambios a la extinción de dominio
La Procuraduría General del Estado respaldó el proyecto de Ley Antimafias de Ecuador, aunque presentó observaciones relacionadas con la reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
El delegado Abelardo Albornoz recomendó restringir los criterios para entregar temporalmente bienes incautados a entidades privadas sin fines de lucro. Según explicó, la redacción vigente resulta demasiado amplia y debería limitarse a organizaciones vinculadas con educación, salud, deporte o vivienda.
Durante su intervención manifestó: "Esta definición es muy amplia a nuestro criterio y debería restringirse a entidades con una finalidad social específica".
Exportadores bananeros solicitan corresponsabilidad logística
La Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador expresó su respaldo a la Ley Antimafias de Ecuador, aunque pidió que las investigaciones por contaminación de carga alcancen a todos los actores de la cadena logística y no únicamente a los exportadores.
José Antonio Hidalgo explicó que el banano representa alrededor del 66 % de las exportaciones ecuatorianas y que siete de cada diez contenedores que salen del país corresponden a este producto, situación que mantiene al sector expuesto a casos relacionados con narcotráfico.
Durante la comparecencia señaló: "Una ley antimafia fortalecida tiene que ir hasta el último eslabón de investigación de todas las estructuras criminales, no al primero".
Los exportadores también propusieron incorporar la trazabilidad obligatoria de toda la cadena logística, proteger el debido proceso de trabajadores investigados, aplicar medidas cautelares proporcionales y fortalecer la corresponsabilidad de los puertos en el control de la carga contaminada.
Al finalizar la sesión, la presidenta de la comisión indicó que todas las observaciones servirán para fortalecer el informe del proyecto de Ley Antimafias de Ecuador, cuya discusión continuará en territorio antes de avanzar en el trámite legislativo.
