La Fiscalía inició un proceso penal contra Miguel Ángel M., por su presunta participación en el delito de tráfico de marihuana.
El hecho ocurrió en la parroquia Eloy Alfaro del cantón Manta, provincia de Manabí, donde, según información reservada, un inmueble era utilizado para el almacenamiento y distribución de droga.
Tras un operativo, se decomisaron 48.350 gramos de marihuana y se dictó prisión preventiva contra el procesado.
Inteligencia policial
Con base en inteligencia, las autoridades intervinieron el inmueble señalado. En el lugar se encontró al ciudadano junto con varios indicios relacionados con la dosificación y distribución de sustancias ilícitas.
Entre las evidencias principales se hallaron 47 paquetes de una sustancia vegetal que, tras pericia, resultó positiva para marihuana con un peso total de 48,35 kilos. El ciudadano fue aprehendido y puesto a órdenes de la Fiscalía.
Audiencia de flagrancia
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal presentó elementos de convicción como el parte informativo, versiones de los agentes aprehensores, informe de inspección técnico-ocular del inmueble y acta de cadena de custodia. También se incorporó la pericia de pesaje y verificación de la sustancia incautada.
Tras analizar estos indicios, el Juez de la causa dispuso prisión preventiva para Miguel Ángel M. e inició la instrucción fiscal con un plazo de treinta días. Las evidencias, incluyendo los paquetes de marihuana, serán sometidas a pericias adicionales.
Microtráfico en Manta
Manta y sus parroquias, como Eloy Alfaro, registran operativos frecuentes contra el microtráfico y el almacenamiento de drogas. Aunque de menor escala que los decomisos marítimos de cocaína, estos casos afectan directamente la seguridad ciudadana al alimentar el consumo local y actividades delictivas asociadas.
La Fiscalía y la Policía Nacional mantienen estrategias focalizadas en sectores urbanos y periurbanos.
Las autoridades destacaron el correcto manejo de las evidencias bajo cadena de custodia, garantizando la validez de las pruebas para el proceso penal. El inmueble intervenido era presuntamente utilizado para dosificar y distribuir la sustancia en varios sectores del cantón.
