La Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Policía Nacional, ejecutó el jueves 23 de julio un allanamiento en las instalaciones del Municipio de Marcabelí, provincia de El Oro, como parte de una investigación previa por el presunto delito de peculado. La diligencia tuvo como objetivo recopilar documentación e información que permita avanzar en las investigaciones sobre un posible manejo irregular de recursos públicos.
Durante el operativo, agentes fiscales y personal especializado ingresaron a distintas dependencias del cabildo para realizar el levantamiento de indicios documentales y digitales. Entre los elementos recopilados constan documentos físicos, equipos informáticos y otros soportes de información, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes como parte del proceso investigativo.
La Fiscalía informó que los indicios obtenidos serán incorporados al expediente para su análisis técnico y jurídico. Hasta el momento no se ha reportado la detención de personas ni se han revelado los nombres de funcionarios que pudieran estar vinculados a la investigación, debido a la reserva que rige esta etapa procesal.
Investigación en etapa previa
La institución precisó que el procedimiento se desarrolla dentro de una investigación previa, fase contemplada en la legislación ecuatoriana para reunir elementos que permitan determinar si existen fundamentos para formular cargos o archivar el caso.
Las diligencias estuvieron encabezadas por agentes fiscales y contaron con el apoyo de unidades especializadas de la Policía Nacional, responsables de asegurar y preservar los indicios recopilados durante el allanamiento.
Las autoridades señalaron que el análisis de la documentación física y digital permitirá establecer si existen elementos relacionados con el presunto manejo irregular de recursos públicos investigado por la Fiscalía.
Qué establece la legislación
El delito de peculado está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sanciona la apropiación, uso, administración o disposición indebida de bienes o fondos públicos por parte de servidores públicos o personas encargadas de administrar recursos del Estado.
La Fiscalía indicó que la investigación continuará con el procesamiento de la evidencia obtenida durante el allanamiento. Como parte de las siguientes etapas, los investigadores desarrollarán las pericias necesarias para determinar la existencia de posibles responsabilidades penales.
Por el momento, la Fiscalía mantiene la reserva propia de la investigación previa y no ha proporcionado información adicional sobre el alcance del caso ni sobre eventuales actuaciones judiciales futuras. Las autoridades informaron que las decisiones procesales se adoptarán conforme avancen las diligencias y se analicen los elementos recabados durante el operativo.
