La Policía Forense ha recuperado más de 100 cuerpos desde 2023 en un ducto de Guayaquil, convertido en cementerio criminal.
Cuando un ser querido desaparece, sus familiares suelen contactar hospitales, la morgue y la Policía. Pero en un sector de Guayaquil, lo habitual es buscarlos en el llamado "Canal de la Muerte", donde han sido hallados decenas de cadáveres.
En el distrito más violento de Guayaquil
Georgina Bermeo estaba boca abajo, con la ropa sucia y rodeada de maleza cuando allegados encontraron su cuerpo en mayo en este vertedero de muertos a cielo abierto en el noroeste de Guayaquil.
El ducto, de más de 45 kilómetros, atraviesa Nueva Prosperina, que está considerado como el distrito más violento de Guayaquil.
Fue concebido hace más de una década para riego agrícola, como parte del trasvase Daule-Chongón, pero los vecinos dicen que tras la pandemia se llenó de cuerpos y aguas contaminadas.
El crimen organizado tiene el control
Una vía de tierra bordea el canal, entre basura, perros flacos y gallinazos. No hay iluminación ni cámaras de vigilancia, pero sí hombres armados en motocicleta que controlan el acceso, según residentes.
A Bermeo, de 38 años, y a su esposo José Cedeño, de 43, les robaron y luego les dispararon. El cuerpo del hombre también fue lanzado al canal. "El único pecado de nosotros es ser negros", dijo por teléfono a la agencia de noticias AFP la hermana de la mujer, bajo anonimato por temor a grupos criminales que operan en el país, que en 2025 registró un promedio de un asesinato por hora, según cifras oficiales.
La mujer desistió de denunciar los crímenes, porque según ella "los policías están comprados por los delincuentes".
"Se vive con miedo, con las puertas cerradas y no hay cómo abrir porque la muerte nos visita", cuenta Juan Ordóñez, un dirigente barrial radicado allí desde hace 40 años que vio cadáveres atascados en las compuertas al final del ducto.
Más de 100 cadáveres hallados en canal de Guayaquil
Desde 2023, la Policía forense ha retirado más de 100 cuerpos del canal, algunos dentro de sacos de yute o desnudos. En noviembre se encontró una fosa con nueve cabezas, brazos y torsos.
"Dejan cadáveres, de tres a cinco, y aparecen flotando aquí en el canal", señala Miguel Ángel Tenemaza, un taxista de 45 años. "Es un lugar para botar cadáveres. Los ejecutan ahí o más arriba y son arrastrados por la corriente", según indicó el teniente Christian Echeverría, de la unidad policial que investiga muertes violentas.
El oficial de Policía ha perdido la cuenta de los cuerpos recogidos allí durante los tres años que trabajó en Guayaquil.
Presuntos abusos y desapariciones
Jonathan Villón acababa de darle el desayuno a sus tres hijos cuando fue detenido en un operativo militar en Guayaquil en 2024. Desde entonces está desaparecido.
En su informe sobre Ecuador, publicado en marzo, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU informó haber recibido denuncias sobre al menos 51 víctimas de desaparición forzada, presuntamente cometidas por fuerzas de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas, en operativos realizados entre 2024 y 2025.
El Comité también expresó preocupación por la militarización de la seguridad pública y el uso recurrente de estados de excepción en el marco de la estrategia del Gobierno contra el crimen organizado.
El conductor del camión que transportaba a los militares que detuvieron a Villón testificó que lo dejaron con vida en el "Canal de la Muerte".
La hermana de Villón, quien pidió no ser identificada, recorrió dos veces el acueducto. Tras denunciar públicamente la desaparición, le prohibieron el ingreso. La última vez la "sacaron a bala".
Su pareja fue asesinada el año pasado y, debido a amenazas de muerte, ella y su madre huyeron de Guayaquil. "Las bandas trabajan con los militares", afirma.
A pesar de las medidas del Gobierno, el crimen no cede en el país, incluido Guayaquil, donde según datos oficiales entre enero y mayo hubo más de 900 asesinatos.
La vida junto al canal transcurre entre el abandono estatal y la presión de las organizaciones criminales, denuncian los habitantes de Nueva Prosperina. Los taxistas evitan ingresar a la zona, donde faltan servicios básicos.
Desde un cerro se observan casas sin ventanas. Están ocupadas por bandas criminales, dice bajo reserva un policía que acompañó a la AFP. "Desde allí nos apuntan con fusiles", dice. "Nada se hace aquí sin permiso de ellos", añade.
Eva Sevillano vive en el sector desde hace 30 años. "Matan por otras partes y los tiran aquí, y somos los perjudicados", lamenta mientras aprieta una Biblia.
