El Ejército Ecuatoriano ejecutó una operación militar que dejó el decomiso de objetos prohibidos este martes 30 de diciembre de 2025 en el Centro de Privación de Libertad N.° 1 Santo Domingo, ubicado en Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. La intervención buscó fortalecer el control interno y combatir actividades ilícitas. Personal de la Brigada de Infantería N.° 13 Pichincha y del Batallón de Infantería Motorizado N.° 35 Libertadores incautaron 3 terminales móviles y 2 chips de diferentes operadoras.
Las fuerzas actuaron con precisión en pabellones del recinto. Localizaron y retiraron los objetos prohibidos, comunes en comunicaciones no autorizadas.
Esta acción forma parte de esfuerzos continuos por mantener orden y seguridad en centros penitenciarios. Autoridades destacan su aporte a la seguridad ciudadana.
Decomiso de objetos prohibidos
Militares coordinaron la intervención sin reportar incidentes mayores. Enfocaron en búsqueda de elementos que faciliten actividades ilícitas desde el interior.
Decomisos incluyeron exclusivamente dispositivos de comunicación. No mencionaron armas ni sustancias estupefacientes en esta operación.
El Ejército continúa labores similares en otras instalaciones. Refuerza presencia para prevenir irregularidades.
Crisis penitenciaria
Ecuador enfrenta una persistente crisis en su sistema carcelario. En 2025, registraron al menos 82 muertes en masacres penitenciarias, incremento superior al 380% respecto a 2024.
Desde 2021, acumulan más de 800 muertes violentas en prisiones, ligadas principalmente a disputas entre grupos delictivos organizados. Hacinamiento, corrupción y falta de control estatal agravan la situación.
Intervenciones militares se intensificaron desde 2024. Incluyeron decomisos masivos de armas, municiones y drogas en recintos como la Penitenciaría del Litoral.
Organismos internacionales como la CIDH llaman a medidas estructurales. Recomiendan reducir sobrepoblación y mejorar condiciones sanitarias.
Esta operación en Santo Domingo se inscribe en estrategias para recuperar control estatal. Contribuye a reducir riesgos de coordinación criminal desde cárceles. (22)
