El Tribunal de Garantías Penales sentenció a Segundo B. y Jessica A. a diez años y ocho meses de prisión tras declararlos culpables como cómplices del delito de secuestro extorsivo, por haber recibido el dinero exigido para la liberación de una víctima que fue engañada para viajar desde Quito hasta Portoviejo en mayo de 2025.
La investigación determinó que la víctima fue contactada con el pretexto de trasladar maquinaria en el camión de su propiedad. Bajo esa oferta, el hombre se movilizó desde Quito hacia Portoviejo, pero al llegar fue interceptado y secuestrado por los responsables del hecho.
Según la información expuesta en el proceso, tras el secuestro los delincuentes utilizaron el teléfono celular de la víctima para comunicarse con su hermano y exigir dinero a cambio de su liberación. En un primer momento pidieron 4.000 dólares.
Cómo se ejecutó la extorsión
El familiar de la víctima accedió inicialmente al pedido y realizó un depósito de 2.000 dólares a una cuenta bancaria proporcionada por los secuestradores. Sin embargo, la exigencia económica no terminó ahí.
Posteriormente, los captores aumentaron la presión y comunicaron al hermano de la víctima que debía entregar 10.000 dólares para evitar que atentaran contra su vida. Esa escalada en la exigencia económica quedó incorporada en los elementos revisados durante la investigación penal.
El caso dio un giro cuando la víctima logró escapar de sus captores y llegar hasta las instalaciones del ECU 9-1-1, desde donde pudo establecer contacto con su hermano y alertar sobre lo ocurrido.
Detención de los procesados
Tras la denuncia y la activación del procedimiento, un equipo de la Policía Nacional rastreó la cuenta bancaria en la que se había realizado el depósito inicial. Esa línea investigativa permitió ubicar a la persona propietaria de la cuenta que recibió el dinero.
Las diligencias posteriores establecieron que ese mismo monto fue transferido a una segunda procesada. A partir de esa trazabilidad financiera, ambos implicados fueron aprehendidos por su presunta participación en el hecho.
De acuerdo con la decisión judicial, Segundo B. y Jessica A. no fueron identificados como autores directos del secuestro, sino como cómplices, debido a su participación en la recepción y movimiento del dinero exigido por los secuestradores.
Pruebas presentadas en la audiencia
Durante la audiencia de juzgamiento, Fiscalía presentó varios elementos que, según el Tribunal, permitieron comprobar la responsabilidad penal de los dos procesados. Entre las principales pruebas constaron los testimonios de los agentes policiales que intervinieron en el procedimiento en flagrancia.
También se incorporó la pericia de extracción de información del teléfono celular de la víctima, documento que permitió revisar las comunicaciones generadas durante el secuestro y el proceso de extorsión.
A ello se sumaron el informe pericial de los depósitos efectuados, el informe de reconocimiento de evidencias y el testimonio de la víctima, quien relató ante el Tribunal la forma en que fue contactada, interceptada y retenida por los responsables.
Sentencia y calificación jurídica
Luego de analizar la prueba presentada en la audiencia, el Tribunal concluyó que ambos procesados participaron en calidad de cómplices en el delito de secuestro extorsivo. Con base en esa valoración, dictó sentencia condenatoria de diez años y ocho meses de prisión para cada uno.
La resolución judicial se enmarca en lo establecido por el artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), norma que tipifica y sanciona el delito de secuestro extorsivo en Ecuador.
Este tipo penal castiga los casos en los que una persona es privada de su libertad con el propósito de obtener dinero, bienes o cualquier beneficio a cambio de su liberación, como ocurrió en este proceso, según lo acreditado en juicio.
Contexto del caso
El hecho investigado ocurrió en mayo de 2025 y tuvo como escenario el traslado de la víctima desde Quito hacia Portoviejo, bajo una oferta laboral que terminó siendo el mecanismo utilizado para ejecutar el secuestro.
La sentencia emitida por el Tribunal se centra en la participación de quienes recibieron el dinero producto de la extorsión, mientras el caso refleja cómo el rastreo de depósitos bancarios y la información extraída de dispositivos móviles se consolidan como elementos clave en las investigaciones penales.
Con esta resolución, la justicia ecuatoriana dejó firme una condena contra dos personas vinculadas al cobro del dinero exigido durante el secuestro, en un proceso en el que la víctima logró escapar y la trazabilidad del movimiento financiero permitió identificar a los hoy sentenciados.
