El concejal de Santo Domingo, Miguel M., implicado en el delito de tentativa de asesinato contra el transportista Washington V., aún no ha reintegrado sus funciones en el cabildo. Esto, luego de que sus vacaciones finalizaran el 7 de octubre, generando incertidumbre sobre su paradero y el cumplimiento de las medidas legales en su contra.

Tentativa de asesinato: el origen del caso

El caso se remonta al 5 de marzo de 2025, cuando Washington V., exdirectivo de la cooperativa de transporte Zaracay, resultó atacado a tiros en los exteriores de su domicilio en Santo Domingo. El hombre recibió dos impactos de bala, fue trasladado inicialmente a una clínica local y posteriormente derivado a Quito para atención especializada.

Según el abogado de la víctima, Arturo Brito, la investigación ha reunido elementos suficientes para imputar y procesar a Miguel M. y a otro ciudadano identificado como José P. “El hecho que se investiga es una tentativa de asesinato, lo cual no corresponde al ejercicio de la función pública de un concejal”, aclaró el jurista.

El 9 de septiembre de 2025, una jueza dictó prisión preventiva para Miguel M. y José P. La instrucción fiscal durará 90 días, y se establecieron medidas de protección a favor de la víctima.

Ausencia en el cabildo y complicaciones legales

Documentos de movimientos migratorios revelan que Miguel M. salió del país el 9 de septiembre hacia Pasto, Colombia, dificultando su comparecencia presencial. Mientras tanto, el Concejo Municipal de Santo Domingo aprobó sus vacaciones hasta el 7 de octubre. Ni él ni su alterna se han presentado a las sesiones de Concejo.

La situación genera incertidumbre sobre la continuidad de su función como edil. Según el artículo 48 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), el abandono injustificado de tres o más días consecutivos es causal de destitución. Tras un día de ausencia, se espera que el Concejo determine los pasos a seguir en la sesión del martes 14 de octubre.

Interpol y medidas internacionales

Por su parte, Miguel M. tiene notificación roja de Interpol, lo que indica que las autoridades internacionales buscan su ubicación para asegurar su comparecencia en el proceso judicial. La Fiscalía y la Policía mantienen coordinación para garantizar que se cumpla la prisión preventiva y evitar posibles impunidades (31).