El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador prevé proclamar entre el 22 o 23 de abril de 2025 los resultados numéricos de las elecciones presidenciales del 13 de abril. Tras recibir un acta pendiente de París, mientras la Revolución Ciudadana (RC) denuncia un “megafraude” y prepara impugnaciones.
El CNE está a la espera de un acta de escrutinio proveniente de París, Francia, para completar el procesamiento de votos de la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. Para proclamar los resultados numéricos de la segunda vuelta presidencial celebrada el 13 de abril de 2025. La audiencia pública nacional de escrutinios, iniciada el 19 de abril con los cinco vocales del CNE, se suspendió hasta recibir este documento. Es decir, representa el 0,25% de las actas válidas. Según el vicepresidente del CNE, Enrique Pita García, esta acta no alterará los resultados preliminares, pero es necesaria para oficializar los votos y abrir el plazo de impugnaciones.
Resultados y recurso de impugnación
Los resultados preliminares indican que Daniel Noboa Azín, candidato de Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7, obtuvo el 55,63% de los votos, ganando en 21 jurisdicciones. Allí se incluyen 19 de las 24 provincias ecuatorianas, Estados Unidos, Canadá, América Latina, el Caribe y África. En la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, Noboa alcanzó el 56,75%. Por su parte, Luisa González Alcívar, de la alianza Revolución Ciudadana (RC) y Renovación Total (RETO), listas 5-33, logró el 44,37%. González superó a Noboa en cinco provincias: Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Sucumbíos y Santa Elena.
El movimiento Revolución Ciudadana, liderado por González, ha expresado su disconformidad con los resultados, alegando un “megafraude” electoral en su contra. El legislador Christian Vega anunció el 21 de abril que el movimiento prepara un recurso de impugnación tras la proclamación oficial. Esta se encuentra basada en el análisis de 2.800 juntas receptoras del voto con presuntas inconsistencias, como falta de firmas. Vega afirmó que estas urnas representan más de 750.000 votos, suficientes para revertir la diferencia de 1,1 millones de votos a favor de Noboa. “Matemáticamente, podría darse una diferencia”, aseguró Vega a periodistas.
Pedidos de Revolución Ciudadana
Hasta el momento, el CNE ha recibido dos reclamaciones sobre actas en Manabí y doce pedidos de información de Revolución Ciudadana. Allí se incluyen imágenes de actas de instalación y escrutinio, copias certificadas, informes técnicos del Sistema Informático de Escrutinios y Resultados (SIER). Además de reportes de incidentes y detalles de papeletas. Agave, en una entrevista en Radio Centro de Quito el 21 de abril, defendió la organización del proceso electoral y señaló que el CNE está listo para revisar cualquier documentación que RC presente para sustentar sus denuncias.
Una vez proclamados los resultados, los sujetos políticos tendrán un plazo, conforme al artículo 141 del Código de la Democracia, para presentar objeciones e impugnaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El CNE espera que el proceso de revisión sea transparente y cumpla con las normativas electorales.
Elecciones presidenciales
Las elecciones presidenciales de 2025 en Ecuador, marcadas por una polarizada contienda entre Noboa y González, se desarrollaron en un contexto de creciente inseguridad. Todo esto debido a la violencia ligada al narcotráfico. Noboa, quien asumió la presidencia en 2023 tras una elección anticipada, basó su campaña en una política de “mano dura” contra el crimen, mientras González, respaldada por el expresidente Rafael Correa, propuso un enfoque que combina seguridad con inversión social.
Las denuncias de fraude por parte de Revolución Ciudadana reflejan tensiones recurrentes en los procesos electorales ecuatorianos, donde la transparencia y la confianza en las instituciones son fundamentales. La demora en la proclamación de resultados, aunque técnica, ha avivado las críticas de la oposición, que busca pruebas para sustentar sus acusaciones. El rol del CNE y el TCE será crucial para garantizar la legitimidad del proceso, en un país donde la estabilidad política enfrenta desafíos significativos.
