La justicia indígena liberó a los tres policías retenidos en la comunidad de San Ignacio, Toacaso, luego de que fueron declarados culpables de invadir el territorio. El juicio ocurrió la tarde del 21 de agosto en Toacaso, Cotopaxi.

La liberación se dio tras la aceptación de las disculpas públicas que los uniformados ofrecieron a Leonidas Iza, expresidente de la CONAIE. Iza acusó a los agentes de haberlo perseguido, lo que originó su retención por parte de los comuneros. Por su parte, la Policía y la Fiscalía aseguraron que los oficiales realizaban tareas de investigación.

El contexto de la retención

Los tres agentes, identificados como el suboficial Carlos Uvidia, el cabo primero Bryan Díaz y el policía Kevin Guamán, fueron retenidos el 18 de agosto en la comunidad San Ignacio. Iza dio la alerta de la persecución de la que, según su versión, era víctima desde hace varios días.

La Policía y la Fiscalía negaron que se tratara de un intento de secuestro o asesinato. Afirmaron, además, que los uniformados cumplían con labores de inteligencia previa.

El líder indígena expresó su versión sobre los hechos. Calificó el incidente como una “persecución política” y acusó al Gobierno de estar detrás de la misma. Durante los días de retención, las autoridades nacionales iniciaron un diálogo con los líderes indígenas para lograr la liberación.

Sin embargo, los comuneros insistían en que el caso fuera tratado por la justicia indígena, conforme a sus tradiciones. La retención generó un debate nacional sobre los límites entre la justicia ordinaria y la indígena, un tema siempre presente en la política del país.

Audiencia y resoluciones de la justicia

La audiencia pública se realizó en el patio de una escuela de la comunidad. Decenas de líderes y pobladores se dieron cita. Además, medios de comunicación cubrieron el evento. Los tres policías, sentados en sillas plásticas, escucharon las acusaciones.

Ellos ratificaron que son agentes operativos y que su presencia en el lugar era parte de un trabajo de inteligencia. El juez indígena declaró a los policías culpables de invadir el territorio sin autorización.

Una vez emitido el veredicto, el juez indígena leyó las resoluciones. Los agentes debieron declarar públicamente que no fueron secuestrados por Iza. Además, aceptaron que no contaban con una orden judicial para ingresar a la comunidad. La condición para su liberación era que ofrecieran disculpas públicas a Iza.

Cada uno de los agentes hizo la declaración y presentó sus disculpas al dirigente, quien las aceptó. Con ello, se dio paso a la liberación de los tres policías, quienes fueron entregados a sus familiares “sanos y salvos”. El juez indígena indicó que la investigación aún no termina.