La Comisión de Régimen Económico y Tributario recibió el miércoles 9 de julio de 2025 nuevas observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Estas propuestas, presentadas por profesionales y la Prefectura del Azuay, buscan mejorar la eficiencia y claridad en los procesos de adquisición del Estado ecuatoriano.
Aportes desde la contratación pública
César Camino, fundador del Colegio de Profesionales en Contratación Pública, expuso sus observaciones ante la Comisión. Resaltó que varios artículos propuestos ya existen en la Ley Orgánica de Integridad Pública. Sus planteamientos se centraron en el procedimiento de régimen especial y la evaluación de la capacidad operativa.
También enfatizó la importancia de la publicidad en la fiscalización y las sanciones por uso indebido. Camino argumentó que estas precisiones garantizan una aplicación clara de la normativa. Su objetivo es evitar múltiples modificaciones que puedan afectar la seguridad jurídica.
Facilitar procesos y fortalecer pagos
Camino subrayó la necesidad de facilitar la contratación en gobiernos parroquiales rurales. Estas entidades a menudo carecen de técnicos especializados para los procesos. Además, resaltó la importancia de fortalecer el pago a proveedores del Estado. Esto busca asegurar un flujo de trabajo más eficiente y justo.
Los legisladores analizaron las características del procedimiento de ínfima cuantía. También discutieron la participación de empresas con garantías técnicas. Estas discusiones buscan optimizar los procesos de contratación pública.
Visión de la Prefectura del Azuay
Juan Cristóbal Lloret, prefecto del Azuay, también aportó sus observaciones. Destacó la oportunidad que representa la reforma para facilitar la gestión. Busca evitar la paralización de funcionarios públicos en las instituciones. Sus propuestas se enfocaron en la contratación entre entidades públicas con mecanismos expeditos.
Lloret propuso la posibilidad de subcontrataciones de hasta el 30 %. También abordó la elaboración de estudios técnicos y la diferenciación entre decisiones contractuales y disciplinarias. La adecuación de los plazos con el Código Orgánico Administrativo fue otro punto clave.
Democratización de la compra pública
El prefecto del Azuay enfatizó la importancia de democratizar la compra pública. Para ello, es fundamental evitar trabas burocráticas y restricciones innecesarias. Exhortó a fortalecer la contratación interinstitucional. “Si bajan la subcontratación al 15 %, se afectarían todas las empresas públicas”, concluyó Lloret.