La Presidencia de Ecuador solicitó a la Corte Constitucional (CC) suspender la audiencia pública programada para el 18 de agosto. Allí se analizarán 19 demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobada por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados en la Asamblea Nacional.
La petición, presentada por el secretario jurídico Stalin Andino, busca más tiempo para preparar la defensa del Ejecutivo ante las acusaciones de grupos civiles que cuestionan la legalidad de la norma.
Los demandantes, entre organizaciones sociales y gremiales
El juez constitucional José Terán, encargado del caso, admitió a trámite la demanda principal de la Unión Nacional de Educadores (UNE), a la que se acumularon otras de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemje) y la Federación de Servidores Universitarios y Politécnicos, entre otras. La audiencia virtual, convocada para las 10h00 del lunes 18 de agosto, permitirá a las partes exponer sus argumentos.
Los demandantes, que incluyen organizaciones sociales y gremiales, sostienen que la ley afecta derechos como la estabilidad laboral en el sector público. Especialmente por el artículo 6, que reforma la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) y ofrece un incentivo económico de $10.000 a funcionarios que se jubilen a los 65 años.
La voces a favor y en contra
Andino argumentó en su escrito que la acumulación de demandas requiere mayor preparación para la defensa del Gobierno, según diario El Universo. Aunque el magistrado otorgó 15 días para presentar argumentos escritos, conforme a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, aún no se ha pronunciado sobre la solicitud de diferimiento.
El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, anunció que el lunes 18 de agosto, a las 09h30, sus miembros se concentrarán frente a la Corte Constitucional. Esto, para exigir la inconstitucionalidad de la ley. Los demandantes argumentan que la norma vulnera derechos laborales y el principio de unidad de materia. Al incluir reformas a múltiples cuerpos legales bajo un proyecto de carácter económico urgente.
Corte Constitucional enfrenta otras demandas relacionadas con leyes impulsadas por el Ejecutivo
Sobre la Ley Orgánica de Inteligencia, el Tribunal de Admisión mantuvo medidas cautelares que suspenden 21 artículos y una disposición del reglamento emitido por decreto presidencial. Esto implica que las derogaciones de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, afectadas por la norma de inteligencia, siguen vigentes.
El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó el pasado jueves 7 de agosto que la suspensión de estos artículos limita las operaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Afectando la lucha contra el crimen organizado y el control de flujos financieros ilícitos. Esto, con un impacto estimado en $50 millones en actividades delictivas no supervisadas. Respecto a la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, cinco de seis demandas fueron admitidas. Organizaciones como Unidad Popular y defensores de derechos humanos cuestionan su validez, alegando que también infringe el principio de unidad de materia.
El Ejecutivo, representado por su equipo legal, defiende que las reformas incluidas en esta ley mantienen coherencia con su objetivo. Esto, según un escrito presentado ante la Corte. Hasta el momento, la Corte Constitucional no ha emitido una resolución definitiva sobre las 27 demandas contra la Ley de Integridad Pública. Dos contra la Ley de Inteligencia y cinco contra la Ley de Solidaridad Nacional.
