Durante un recorrido realizado por este medio en los principales mercados de la ciudad, los vendedores coincidieron en que los precios aún no muestran variaciones significativas. Sin embargo, advirtieron que es solo cuestión de tiempo para que el impacto del alza en el combustible se refleje en los alimentos.

Lilian Taco, vendedora de legumbres, señaló que el costo del transporte será determinante en esta cadena de incrementos. “Si el valor del flete sube, eso terminará afectando al consumidor final, porque ningún comerciante puede asumir esas pérdidas”, explicó.

Aunque insistió en que los precios se mantienen estables, reconoció que la medida es reciente y que “habrá que esperar si el fin de semana ya se ajustan las tarifas”.

Opiniones divididas entre comerciantes

Otros vendedores, como Ramón Torres, se mostraron más optimistas. Aseguró que mientras exista suficiente producción agrícola, los precios no tendrían por qué subir de forma inmediata. Como ejemplo, mencionó el caso del limón, un producto actualmente escaso que se comercializa a diez unidades por un dólar, pero cuya variación responde a la oferta y la demanda más que al costo del combustible.

Por su parte, los consumidores también expresaron preocupación. Glenda Bonilla, quien realizaba compras en uno de los mercados, manifestó que “es cuestión de tiempo para que suban los precios. Vamos de mal en peor, en vez de avanzar, retrocedemos”.

Estas percepciones reflejan la incertidumbre que prevalece tanto en comerciantes como en ciudadanos ante el nuevo escenario económico.

Transportistas anticipan mayores costos

El impacto directo del alza en el combustible se evidencia en el sector del transporte de carga, pieza clave en la distribución de productos. César Gilces, dedicado al traslado de caña entre Junín y Rocafuerte, explicó que antes de la eliminación del subsidio gastaba 28 dólares en combustible para cubrir la ruta de ida y vuelta.

Ahora, con el nuevo precio del diésel, el gasto asciende a 55 dólares, prácticamente el doble. “Nadie trabaja a pérdida. Si el gasto sube, el flete también lo hará, y eso terminará repercutiendo en los precios de los alimentos”, afirmó.

Gilces advirtió además que no solo el transporte sufrirá el impacto, sino también el comercio de repuestos y mantenimiento de vehículos que utilizan este tipo de combustible, lo que podría generar un efecto dominó en distintos sectores de la economía local.

Controles oficiales para evitar especulación

Ante la preocupación ciudadana, la Gobernación de Manabí informó que se realizan operativos constantes para evitar la especulación en mercados y locales comerciales. El Gobierno central desplegó 1.178 funcionarios de intendencias y comisarías, quienes ejecutaron 1.889 operativos de control.

Según cifras oficiales, se revisaron 434 mercados y centros de abasto, así como 3.289 locales comerciales en todo el país. El objetivo es garantizar que los productos de primera necesidad lleguen a los hogares sin incrementos injustificados ni prácticas especulativas.

Las autoridades insisten en que el acompañamiento estatal busca proteger al consumidor final, aunque reconocen que el mercado también se regula por factores como la producción, la oferta y la demanda.

Un efecto dominó en la economía

La eliminación del subsidio al diésel no solo afecta al transporte y al comercio de alimentos. Economistas advierten que este tipo de decisiones pueden repercutir en toda la cadena productiva. El incremento del flete, por ejemplo, impacta en el abastecimiento de mercados, la logística de empresas y hasta en el turismo.

El caso del sector agrícola es uno de los más sensibles, ya que depende del transporte pesado para movilizar la producción desde el campo hacia los centros de distribución. Si el costo de traslado se duplica, los agricultores se verán obligados a ajustar sus precios, lo que repercutirá en el bolsillo del consumidor.

En este contexto, la preocupación de comerciantes y consumidores refleja un temor fundado: la posibilidad de que la canasta básica familiar sufra un encarecimiento progresivo en los próximos meses.

El debate sobre subsidios y sostenibilidad fiscal

La eliminación del subsidio al diésel forma parte de las medidas del Gobierno para reducir el gasto público y mejorar la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, estas políticas generan un debate permanente entre la necesidad de equilibrar las finanzas del Estado y el impacto social que conllevan.

En Ecuador, los subsidios a los combustibles han representado durante años un alto costo para el presupuesto nacional. No obstante, para la ciudadanía de a pie, estos subsidios son percibidos como una protección frente al encarecimiento de la vida.

La tensión entre ambos enfoques se refleja hoy en los mercados de Portoviejo, donde los actores económicos ya hacen cálculos para ajustar sus operaciones al nuevo contexto.

Expectativas a corto y mediano plazo

Aunque los precios aún no muestran un aumento generalizado, la expectativa está puesta en lo que sucederá en las próximas semanas. Tanto comerciantes como consumidores estarán atentos al comportamiento de la oferta agrícola y a las decisiones de transportistas sobre tarifas de flete.

Las autoridades, por su parte, tendrán el reto de mantener un equilibrio: garantizar que los precios no se disparen por especulación, pero también atender la realidad de un sector productivo que enfrenta mayores costos operativos.

El desenlace de esta situación dependerá de factores como la capacidad de control estatal, la respuesta de los productores y el nivel de adaptación de los consumidores a un nuevo escenario económico sin subsidios.

Es un punto de inflexión

La eliminación del subsidio al diésel marca un punto de inflexión en la economía de Portoviejo y del país. Aunque por ahora los precios en los mercados permanecen estables, comerciantes, transportistas y ciudadanos coinciden en que el incremento del flete inevitablemente terminará trasladándose al costo de los productos básicos.

El desafío será encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad fiscal que busca el Gobierno y la estabilidad económica que demandan las familias ecuatorianas. En este contexto, los próximos meses serán determinantes para medir el verdadero impacto de esta medida en la vida cotidiana de la población.